El Ayuntamiento no tiene claro si las pruebas de ADN de los perros irán a cargo de los particulares

El Ayuntamiento de Tarragona todavía no tiene claro si las pruebas de ADN de los perros, que habrá que hacer debido a la nueva ordenanza municipal sobre la Protección, Tenencia y Venta de animales, irán a cargo de los particulares. Esta es la medida que el Ayuntamiento aplicará para conseguir que los dueños recojan las deposiciones de los perros.

Según expresaban desde el consistorio vía Twitter a varios ciudadanos que se hacían esta pregunta, es posible que los costes sean compartidos. Una prueba de ADN a un laboratorio oscila entre los 30 y los 50 euros, y los dueños de las mascotas todavía desconocen si tendrán que asumir este cargo. Hay que recordar que la ordenanza tipifica como falta muy grave no censar los perros mediante el ADN, y los dueños que no la cumplan tendrían que hacer frente a una sanción de 3.000 euros.

Se trata de la sanción más alta de la nueva ordenanza, por encima, por ejemplo, de las faltas por tener un perro peligroso sin licencia o de abandonar un animal en la vía pública, que comportarían multas de 2.500 euros. Este es uno de los puntos que critica el Grup Acollides i Adopcions d’Animals de Tarragona (GAIA). La asociación hizo llegar más de una treintena de alegaciones al consistorio cuando conoció el borrador de la nueva ordenanza. El consistorio, sin embargo, no ha incorporado ningún cambio en el artículo 50 de la misma, que es la que obliga a censar genéticamente los perros. «La medida propuesta en el artículo 50 es totalmente desmesurada y poco efectiva conociendo la realidad de nuestro municipio y, por lo tanto, tiene que ser eliminada», expresa GAIA. Según indica, «el objetivo de la obligación de aportar el ADN de los perros es exclusivamente recaudatorio».

«Es francamente decepcionante que la sanción mayor de la ordenanza sea por no registrar el ADN, por encima de tener los animales en condiciones insalubres, o de una tenencia irresponsable de perros potencialmente peligrosos con el peligro para la seguridad pública eso puede implicar», manifiesta GAIA, que añade que «la salubridad o el afán recaudatorio están por encima del bienestar del animal». Además, desde la asociación se asegura de que «la elaboración de un censo de ADN es totalmente inefectivo si el consistorio no dedica esfuerzos a actualizar el censo».

GAIA cree que el Ayuntamiento dispone en la actualidad de los medios suficientes para hacer cumplir la obligación de recoger las deposiciones. «Como pasa en otros municipios, es la propia policía local quien tiene que ejercer la función inspectora y quien tiene que realizar tareas de supervisión a pie de calle, multando in situ a quién no cumple la ordenanza, sin la necesidad de crear un nuevo censo de ADN», subraya la asociación.

Por otra parte, GAIA también remarca que la ordenanza no tiene en cuenta los beneficios que podría comportar la creación de un banco de ADN para luchar contra los casos de abandono o maltrato animal. «Eso nos haría valorar en mayor detalle su idoneidad, pero no es el caso dado que únicamente se utiliza con afán recaudatorio». Los técnicos del Ayuntamiento acaban de estudiar cuál será la fórmula para pagar los cargos que comportan la extracción del código genético ADN. Habrá que esperar para saber si los amos|dueños tendrán que hacer frente al coste de los mismos.