«Con voluntad política, en diez años se podrían abrir las fosas|fosos que tienen demanda»

—¿Qué indicios los llevan a pensar que en un lugar determinado puede haber una fosa?

—Depende. Si, por ejemplo, hablamos soldados abatidos combate, puede ser que un vecino encuentre restos y dé la alerta. La otra opción es hacer prospecciones. Muchas veces, cuando encuentras un hueso, es probable que cerca haya una fosa. En el caso de los represaliados del Franquismo, a menudo hay un testigo o una familia que más o menos sabe el lugar|sitio donde puede haber restos.

—¿Qué papel juega el testigo oral en esta tarea de detección de restos?

—Es el más válido a la hora de determinar los lugares donde puede haber fosas. Sabemos que el georradar, en la mayoría de casos, no funciona. Pero también hay que mirar los archivos, saber a quién fue la persona que buscamos, si tiene una fecha de defunción...

—¿Hasta qué punto el paso del tiempo juega en contra de su trabajo?

—Hace diez años, ya era tarde. Entonces se nos acercaban hijos, hermanos, o amigos de los fusilados para pedir que los ayudáramos. Últimamente ya vienen muy pocos hijos. Del centenar de demandas que hemos tenido en Valencia, sólo una decena provienen de hijos. Lo que pasa es que, a los nietos, o bien no los han explicado lo que pasó, o no tienen interés. El que sí que hemos notado es que esta gente ‘joven’, de 40 o 50 años, se indigna mucho cuando conocen lo que pasó en el sí de su familia.

—El miedo hizo que muchas cosas no fueran explicadas.

— El miedo afecta a todo el mundo. En aquella época no se hablaba porque había miedo a explicar la verdad, y también por miedo a generar odio. Pero al final, te das cuenta de que no hay ganas de odio ni de venganza, sino voluntad de cerrar un proceso, empezar el luto y acabarlo.

—¿Hasta qué punto es importante para las familias encontrar e identificar a sus familiares?

—Las familias han pasado ochenta años sin saber nada. Las madres lo transmiten a los hijos, y al final los hijos tienen una espineta y un luto que tienen que hacer. Quieren saber qué pasó, tener la verdad, la justicia y la reparación del proceso. Poder hacer un punto y aparte para cerrar las heridas. Por lo que hemos podido ver, una vez la familia recupera los restos de sus familiares, el tema se cierra.

—¿Hasta qué punto el Estado español está implicado en este trabajo de investigación e identificación de los combatientes y represaliados?

—Nos sentimos totalmente desamparados. Yo he hecho una cosa muy mal hecha, que es trabajar gratis muchas veces. Sé que no lo tendría que haber hecho, pero también tengo la sensación que eso ha permitido que al fin y al cabo haya tenido continuidad. Cuando había subvenciones cobrábamos, pero no las teníamos siempre, y además no teníamos un salario ni unas condiciones laborales justas. Ahora, a través de empresas o asociaciones, al menos podemos cuidar estas cosas. Próximamente intervendremos una fosa que hace más de seis años que tiene demanda, y lo haremos a través de un cursillo, porque no hay ninguna otra manera. Y eso es muy injusto. Hace un mes desenterramos a dos personas de las cuales la familia quería pagar el coste de las pruebas de ADN y yo me negué. Ni un suele político ni organismo de la Comunidad de Aragón quiso subvencionar los 1.200 euros que costaba la prueba. Al final lo hizo un equipo argentino, y nosotros acabamos trabajando gratis. Se han hecho estudios y se ha valorado lo que costaría abrir las fosas que tienen demanda, y es factible. En un plazo de diez años podría estar hecho. Pero no hay voluntad política ni ganas de luchar por los derechos humanos, prefieren destinar 500 millones de euros a comprar un banco malo que a cerrar una página de la historia de España y reparar a las víctimas, que son las familias que todavía arrastran esta carga.