El TC suspende la convocatoria de lleno del Parlament del lunes

El pleno del Tribunal Constitucional ha acordado suspender cautelarmente el acuerdo de la Mesa del Parlamento para la celebración de un pleno donde tiene que comparecer el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para explicar como se aplicará el resultado del referéndum del 1-O. Lo hace atendiendo al recurso de amparo presentado por el PSC, que alerta a los magistrados que durante el pleno «se pretende proceder a la declaración formal de independencia» y que la convocatoria del pleno supone «ignorar expresamente la suspensión acordada» de las leyes del referéndum y de transitoriedad. En previsión que el pleno se celebre igualmente, el TC declara «radicalmente nulo y sin valor ni ningún efecto cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hacer que contravenga la suspensión acordada». Además, acuerda notificar personalmente la suspensión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y en los miembros de la Mesa, y los advierte de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal» en que pueden incurrir si no atienden la suspensión.

Los magistrados han decidir aplicar el artículo 56.6 de la Ley Orgánica del TC y suspender la convocatoria del pleno del lunes aduciendo la «urgencia excepcional» que recoge este artículo. Lo justifican por el hecho de que el pleno «produciría un perjuicio de imposible o muy difícil reparación» que en caso de que no se suspendiera cautelarmente «haría perder la finalidad del recurso de amparo» del PSC.

Concretamente, el artículo 56.6 de la Ley del TC permite que «en supuestos de urgencia excepcional, la adopción de la suspensión y de las medidas cautelares y provisionales podrá efectuarse en el momento de la admisión a trámite» de un recurso, como es el caso del del PSC.

Además, consideran que el recurso de amparo del PSC tiene «especial trascendencia constitucional» porque el acuerdo de la Mesa que convoca el pleno puede afectar «al derecho de los ciudadanos de Cataluña a participar en asuntos públicos a través de sus representantes». También porque «la cuestión planteada puede afectar a la aplicación y general eficacia de la Constitución, a la vez que se traca de una cuestión jurídica de repercusión social relevante y general que tiene consecuencias políticas generales».

Ahora el Parlamento, el Gobierno de la Generalitat y la Fiscalía podrán impugnar esta decisión en el transcurso de cinco días.

Notificación a Forcadell

Los magistrados acuerdan notificar personalmente la suspensión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y en los miembros de la Mesa, y los advierte «de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». En este sentido, los advierte de las «eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pueden incurrir si no se atienen» esta suspensión.

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Los magistrados acompañan la suspensión de un acuerdo por «requerir con carácter urgente en el Parlamento, a través de su presidenta, para que en un plazo que no exceda diez días emita certificación o fotocopia adverada de las actuaciones».

El recurso del PSC

El recurso se basa en una supuesta vulneración del artículo 23.2 de la Constitución, que recoge el derecho «a ejercer los cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad, sin perturbaciones ilegítimas, con los requisitos señalados a las leyes.»

Segobs el PSC, esta «vulneración de derechos» se produce «por la radical ruptura de la Constitución y del Estatuto de Autonomía que comportaría la declaración formal de la independencia de Cataluña».

Además, el recurso asegura que el acuerdo de la Mesa incumple las resoluciones del TC porque pretende aplicar lo que prevé la Ley del referéndum y la Ley de transitoriedad jurídica, las dos suspendidas cautelarmente.