Desaparecidos y adopciones ilegales, dos asignaturas pendientes

La desaparición de miles de personas en El Salvador y la adopción fraudulenta de niños por terceros países como Estados Unidos, Francia o Italia durante muchos años, fue uno de los hilos conductores de la intervención que Eduardo García, director de la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos del país centroamericano ofreció este jueves en Tarragona, en el marco de las quintas jornadas La memoria histórica contra la impunidad, organizadas por Entrepobles. El acto también contó con la participación de José Antonio Antón Valero, catedrático de Historia y miembro de la entidad convocante.

En una entrevista concedida a Diari Més, Eduardo García detalló las atrocidades cometidas en su país durante y después del conflicto armado que vivió El Salvador por espacio de once años. Precisamente, este jueves 16 de noviembre se cumplieron veintiocho años del asesinato de Ignacio Ellacuria en manos del ejército del país centroamericano.

«Nos llegan peticiones de personas que viven en el extranjero, como de los Estados Unidos, que nos piden apoyo para conocer sus orígenes, quienes fueron sus padres y qué es lo que sucedió». Desde la constitución de la asociación, «ya llevamos más de mil expedientes, entre los de personas desaparecidas y los de adopciones irregulares», dijo García, persona que nació en Barcelona, residió muchos años en Cádiz y desde hace 24 vive en El Salvador.

Garcia detalló casos impactantes, como cuándo en una exhumación de cadáveres un militar, un sargento, hacía referencia al hecho de que se buscaban [huesecillos], mientras arriba de una colina, una de más graduación, joven, no se atrevía a bajar hasta que las madres lo invitaron a ir a al foso y tomar un café». «Las madres le dijeron que no perdonaban a los militares que asesinaron a sus familiares, pero que no tenían nada en contra de los militares de ahora», relató.

El director de la asociación remarcó que «España es el segundo país del mundo que tiene más desaparecidos, después de Camboya, y eso hace mucho daño a una sociedad: hay que saber dónde se encuentran los cadáveres de personas muertas en la guerra y que son los abuelos de españoles y de catalanes».

García lamentó el poco interés de los países democráticos para facilitar la busqueda de personas desaparecidas o adoptadas de manera ilegal. En El Salvador, sólo entre los años 2010 y 2017 «han desaparecido 12.000 personas», dijo García, un país donde «una mujer puede ir cuarenta años a prisión por abortar», subrayó.