El Ayuntamiento recuerda que las entidades vecinales «tienen que «pagar»»

Las entidades vecinales están obligadas a legalizar el local, aunque este sea de propiedad municipal. Esta ha sido la respuesta del Ayuntamiento ante las declaraciones hechas el domingo en esta redacción por los presidentes de la Federación de Asociaciones de Vecinos del Área de Llevant, Gemma Fusté, y de la Asociación de Vecinos Vall de l'Arrabassada, Josep Maria Bertran, entre otros. Desde esta administración, se informó de que una ley de la Generalitat obliga a hacer un seguimiento de las condiciones de los locales y si estos cumplen con el establecido para las acciones que se llevan a cabo en su interior, y que el Ayuntamiento tiene que justificar que estén, realmente, legalizados. A más, en caso de que una entidad vecinal tenga una deuda contraída con la plaza de la Font, este se le resta de la subvención municipal. Según dijo el Ayuntamiento, las asociaciones de vecinos saben que tienen que hacer frente al coste de la legalización de los locales, pero no lo hacen.

Bertran comentó que el local que el Ayuntamiento cedió a la asociación que preside también es utilizada como colegio electoral y, por lo tanto, terceros también celebran actividades.

El conseller de Servicios Centrales, Economía y Hacienda, Pau Pérez, manifestó que «la ciudad de Tarragona les deja un patrimonio gratuitamente, como es el caso de los locales de las asociaciones de vecinos y lo que se les reclama es la legalización por el uso que hacen, es decir, se les pide que legalicen la actividad».

Respuesta a Fusté

En relación a las palabras de la presidenta de la Asociación de Vecinos del Área de Llevant, quien dijo que «el Ayuntamiento nos ha embargado 900 euros» y que «nos quiere cobrar el IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas», Pérez dijo que «confunde las cosas en el momento que dice que el Ayuntamiento de Tarragona les reclama 900 euros en concepto de IAE». «Tendría que saber que el IAE es un impuesto que sólo se cobra a las entidades jurídicas que hacen actividades económicas que superan el millón de euros», remarcó. El concejal subrayó que «la tasa que reclama el Ayuntamiento es el coste del servicio de tramitación de la licencia de actividades, que es de 771,66 euros, pero como –las entidades– no pagaron ni recurrieron ni pidieron el aplazamiento o el fraccionamiento cuándo se los reclamó en su momento, ahora tienen que hacer frente al recargo de 154,33 euros porque esta deuda ya está en ejecutiva».

Pau Pérez recordó que «el 11 de abril del 2017 ya se les notificó que tenían que pagar, pero no respondieron». «Es más –añadió–, hay un acuerdo de Junta de Gobierno donde se acuerda ceder el local a las asociaciones con la condición que legalicen la actividad». Más adelante, Pérez ratificó que «cualquier entidad que se le ceda un espacio municipal gratuito es la titular de la actividad y lo que tiene que legalizar la situación: la tasa que se les pide corresponde a los costes del servicio, es decir, la comprobación de la actividad que se hace».

En relación a la declaración de Fusté, en el que afirma que el Ayuntamiento embarga a la Federación una subvención pública, el concejal respondió de que «si no están al corriente de los tributos municipales, lo que piden se les compensa con lo que tienen que pagar al Ayuntamiento, como cualquier ciudadano.»