Estrada y Martí, acusados de un delito de desórdenes públicos por los hechos del 3-0

Los concejales de la CUP del Ayuntamiento de Tarragona, Laia Estrada y Jordi Martí, están acusados por hechos relacionados con la huelga general del pasado 3 de octubre de 2017. Los dos tendrán que ir a declarar al Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona el próximo 5 de abril. Irán acompañados de seis personas más, muy relacionadas, directamente o indirectamente, con los sindicatos CGT, Co.Bas, COS y IAC. A los ocho se los acusa de un delito de desórdenes públicos por hechos como cortes de tráfico, pintadas en establecimientos o crema de neumáticos durante la jornada de huelga en la ciudad de Tarragona.

Los concejales cupaires del Ayuntamiento de Tarragona, Laia Estrada y Jordi Martí, declararán ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona el próximo 5 de abril acusados de un delito de desórdenes públicos. Les acompañarán seis personas más, también encausadas, acusadas de hechos como crema de neumáticos, pintadas en establecimientos o cortes de tráfico. «Nos hemos quedado sorprendidos. Fue una de las huelgas con menos conflictividad de los últimos años», declaraba el secretario general de Acción Social de la CGT, Óscar Murciano. Según los sindicatos, estas acusaciones se enmarcan en un «cierre del círculo» para «descargar la represión contra gente de la comarca etiquetada para pertenecer a sindicatos». De hecho, los ocho acusados están relacionados, directa o indirectamente, con los sindicatos Co.Bas, CGT, COS y IAC.

Mossos d'Esquadra fue el cuerpo policial que abrió los atestados sobre la posible participación de estas ocho personas en hechos clasificados como desorden público. Según los sindicatos involucrados, eso es una «estrategia del miedo» porque «lo que quieren es que nos quedamos en casa y dejamos de manifestarnos», en lo que denominan un «contexto de represión». De hecho, Murciano aseguraba que «si por los hechos por los cuales se los acusa se investigara a todo el mundo, habría decenas de miles de detenidos».

Acusaciones «poco detalladas»

Aunque los ocho acusados estarían relacionados, según los atestados policiales, con hechos que comportarían un delito de desórdenes públicos, el cierto es que según los sindicatos, no todas las personas están citadas a declarar por hechos concretos. «Algunos sólo tendrán que ir a declarar por haber participado en una manifestación», decía Murciano, que añadía que «a otros se los acusa de cortes|trozos de tráfico donde también participaban 100 personas más». «¿Penas de prisión por un corte de tráfico? Es ridículo», sentenciaba.

Un abogado laboralista será el encargado de defender la libertad de los acusados por unas acusaciones que los sindicatos definían como «poco detalladas». «Hacen una recopilación de todo lo que sucedió y señalan a estas ocho personas porque ya las conocen», aseguraban, y calificaban estos hechos como uno «retroceso democrático».

Sin embargo, desde Co.Bas, CGT, IAC y COS eran claros y subrayaban que «daremos apoyo a estas ocho personas y no nos daremos por vencidos». De hecho, José Estrada, de Co.Bas, aseguraba que «eso es una actuación ordenada por individuos que hacen y deshacen para camuflar su corrupción». Lo mismo Estrada exclamaba que «son ellos los que se tendrían que sentar en el banquillo de los acusados por los crímenes sociales que han cometido y por un asco de Constitución impuesta el año 1978».

Los Mossos d'Esquadra declararán ante el juez para presentar las pruebas y los atestados el próximo mes de marzo. Después, el 5 de abril, Estrada, Martí y el resto de acusados defenderán su libertad en la Audiencia de la ciudad e intentarán demostrar su inocencia por unos hechos calificados de desorden público.