El presidente de la Audiencia de Tarragona: «En ningún caso se puede afirmar que en nuestro país haya presos políticos»

El presidente de la Audiencia de Tarragona, Javier Hernández, considera que «en ningún caso» se puede afirmar que haya «presos políticos» en el estado español. «Evidentemente hay políticos que están aprisionados, pero eso no significa que estén en la prisión por su condición ideológica», ha argumentado. En una entrevista este miércoles en Tarragona Ràdio, el presidente de la Audiencia ha afirmado que no comparte las declaraciones del exfiscal jefe de Cataluña José María Mena, quien consideró que Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart son «presos políticos». Según Hernández, este planteamiento sugiere «una cierta idea de privilegio» de la clase política y ha insistido en que «si el político ha podido cometer un delito» la obligación de los órganos judiciales es abrir el procedimiento, analizar los indicios existentes y, si es el caso, llevar los investigados a juicio.

Javier Hernández ha subrayado que quien se dedica a la política también puede incurrir en delitos o conductas que puedan ser perseguidas penalmente. «El político no tiene privilegio de actuación en relación en el resto de la ciudadanía. Si se identifican elementos indiciarios, estamos hablando de un político sometido a un proceso penal, pero eso no significa que la política sea objeto necesariamente del proceso», ha añadido.

El presidente de la Audiencia de Tarragona ha recordado que, detrás de las actuaciones judiciales y también en la causa por el proceso catalán, existen unos indicios de inculpación. «Los jueces que lo están investigando lo hacen con respeto a las garantías esenciales y no se pueden calificar de arbitrarias. A mi parecer, en ningún caso se puede afirmar que en este momento en nuestro país existen presos políticos», ha defendido.

El magistrado ha hecho notar que «la lectura de las resoluciones del Tribunal Supremo sugiere la existencia de indicios de comisión de delitos de una gravedad particular». En cualquier caso, ha dicho, «el momento de la verdad» llegará en el juicio oral, cuando estos indicios se puedan confirmar o descartar.

Sobre esta cuestión, Javier Hernández no comparte la opinión del exfiscal jefe de Cataluña José María Mena, para quien Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart son «presos políticos». «Eso sugiere una cierta idea de privilegio que es incompatible con un sistema judicial adelantado. Los políticos no tienen privilegios (···), pero si han podido cometer un delito, la obligación de los órganos del poder judicial es abrir el procedimiento y hacer las comprobaciones para identificar o no los indicios que justifican la inculpación y, en su caso, someter a las personas al proceso y que puedan ser juzgadas», ha manifestado.

Preocupación por el uso «electoral» de la pena de prisión permanente revisable

Sobre el debate abierto por la pena de prisión permanente revisable, introducida en la reforma del Código Penal el año 2015, Hernández se ha mostrado preocupado por|para «la utilización de la política criminal como una herramienta electoral». En este sentido, el magistrado ha advertido que hacerlo es «peligroso» y «puede provocar consecuencias indeseables», porque subir los supuestos de prisión permanente revisable descompensaría el resto de penas. Eso, ha dicho, le genera «dudas sobre la constitucionalidad de algunos aspectos» de este tipo penal.

En algunos supuestos, ha abundado Hernández, el momento de la revisión de esta máxima pena privativa de libertad «puede llegar a los 32 años sin ninguna posibilidad de salir de la prisión o de obtener la revisión». Esta previsión, avisa al magistrado, puede ser contraria a los estándares del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos.

Además, el presidente de la Audiencia de Tarragona ha criticado que la cuestión de la seguridad se utilice, por parte de los partidos políticos, «con una excesiva banalidad» y traslade a la ciudadanía el mensaje «que es necesario endurecer las penas y hacerlas más elevadas para dar respuesta a los delitos más graves».

Según Hernández, España es «uno de los países más seguros del mundo y de la Unión Europea» y, aunque el TEDH ha valorado la compatibilidad de esta pena con las previsiones del convenio europeo, «no significa que -la prisión permanente revisable- sea necesaria para combatir la delincuencia grave». De hecho, según el magistrado, este mensaje «provoca una sensación de debilidad del sistema penal» que no se ajusta a la realidad. «El sistema penal español tiene respuestas adecuadas y no hay que trasladar a la ciudadanía esta sensación de desprotección o debilidad», ha opinado.

Hernández ve «intolerable» la congelación del nuevo Foro Judicial

En clave local, el presidente de la Audiencia de Tarragona ha tildado «de intolerable» la situación del nuevo Foro Judicial, un proyecto que se mantiene aparcado ‘sine die’, y ha defendido que «la ciudad no merece este déficit estructural». Hernández ha reivindicado que el sistema necesita concentrar las suyos que actualmente tiene dispersadas por toda Tarragona en un nuevo edificio y ha asegurado que la reclamación es constante.

Con respecto al funcionamiento de la administración de justicia, el magistrado ha admitido que la implantación de la oficina judicial en el Vendrell todavía provoca «problemas graves» y que hace falta más personal para mejorar los servicios comunes, según ha declarado a Tarragona Ràdio. En el resto de partidos judiciales, ha dicho, la respuesta de la administración ha mejorado.