Los acusados de desórdenes el 3-O se defienden de la «represión del Estado»

Los concejales de la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona. Laia Estrada y Jordi Martí, y otras tres personas, entre ellas Santi Fortuny y Antonio Mota, acusados de un delito de desorden público por su intervención en la huelga del pasado 3 de octubre, arremetieron contra «los Mossos d'Esquadra, que señalan a personas para participar en un acto legal» y contra «el Estado español represor». Los cinco están llamados a declarar al Juzgado de Instrucción el próximo 5 de abril. En una rueda de prensa celebrada en las escaleras de la Catedral, los acusados recibieron el apoyo de varias personas, entre las cuales se encontraba el presidente de la Mesa del Parlameno, Eusebi Campdepadrós, y los concejales de ERC Pau Ricomà y Xavier Puig.

Eva Pons, abogada de Alerta Solidaria, recordó que los cinco acusados «fueron denunciados por los Mossos d'Esquadra por participar en una huelga legítima, la del 3 de octubre, que se hizo con motivo de las cargas policiales del día del referéndum –dos días antes–, en una jornada en la que el pueblo catalán salió a defender a los heridos del 1-O». Pons recordó que «hay más de 85 personas imputadas por participar en la huelga y en la jornada del referéndum», y añadió que «saldremos a la calle siempre que sea necesario».

Por su parte, Jordi Martí dijo que, «aquel día, no fui detenido por ser concejal, sino por estar en la calle como miembro de la CGT, uno de los sindicatos que convocó la huelga, por salir por estar en contra de la represión y, también, defender el derecho laboral de la gente que trabaja, no de los que nos roban desde el poder». Martí añadió que las denuncias forman parte «de un montaje para provocar miedo a la gente, pero nosotros seguiremos trabajando en nuestra línea».

En la rueda de prensa también intervino a Laia Estrada, quien se refirió a «un nuevo caso de persecución política y de criminalización de la protesta», y remarcó que «estamos llegando al límite de un Estado represor que hace cosas propias de la dictadura, de persecución contra la disidencia en el Estado español». Estrada subrayó que «nosotros queremos construir un país impregnado en libertades y los otros no están dispuestos a ceder una chispa de su poder». «No daremos ni un paso atrás», aseguró la concejala de la CUP: Santi Fortuny, también acusado, envió «un fuerte abrazo a la gente represaliada de los Países Catalanes, a Valtònyc, a Anna Gabriel y a los exiliados y encarcelados», y a aquellos que «están llamados para ir a juicio».