El contencioso de la empresa CLH anula el Plan|Plano General de Tarragona
La sentencia del TSJC no es firme, el POUM sigue vigente y el consistorio presentará un recurso de casación al Tribunal Supremo
El recurso contencioso administrativo de la empresa Companyia Logística d'Hidrocarburs (CLH) ha anulado el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) del Ayuntamiento de Tarragona. Así lo recoge la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ha llegado hoy al consistorio. La empresa presentó este recurso contra la resolución de la dirección general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat del 14 de mayo del 2013, que dio conformidad al texto refundido del POUM. El motivo de la anulación es la ausencia de un informe del «autoridad estatal competente» en materia de planificación de hidrocarburos, en concreto, en el Pla de Millora Urbana 40 CLH, un pequeño sector del territorio. Es un documento que, según el alcalde Josep Fèlix Ballesteros, «no es perceptivo ni obligatorio». «Ninguna ley, ni reglamento nos obliga a presentar este informe. El juez se lo ha inventado», ha añadido el alcalde. Por este motivo, el Ayuntamiento presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Mientras eso no se resuelva, el POUM seguirá vigente porque la sentencia no es firme.
El POUM de Tarragona vuelve a ser protagonista. Este Plan General, herencia del exalcalde Nadal y apoyado por Ballesteros, ha quedado anulado por el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa de hidrocarburos CLH. Se encuentra en el Polígono Francolí, y el consistorio hace años que intenta negociar un traslado de la misma para empezar a transformar el espacio y construir viviendas, equipamientos y zonas verdes. «Es una instalación obsoleta que se tiene que marchar del centro de la ciudad», ha recalcado Ballesteros, visiblemente enfadado. CLH y el consistorio nunca se han llegado a poner de acuerdo. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Josep Maria Milà, ha calculado que el desplazamiento de CLH costaría 20 millones de euros, además del precio del nuevo solar y el gasto del desmantelamiento. De hecho, la sentencia del TSJC, además de anular el POUM, anula también el Pla de Millora Urbana 40 CLH, donde se contempla el traslado, por «inviabilidad económica».
El motivo de anulación es la ausencia en el POUM de un informe previo en materia de hidrocarburos. «Este informe no es perceptivo ni obligatorio. Ninguna ley nos obliga a incluirlo en el POUM, por eso estamos seguros de que ganaremos el recurso de casación», ha dicho Ballesteros, quien ha añadido que «el juez se lo ha inventado, se ha tirado de la moto». De hecho, la sentencia no clarifica quien tiene que presentar este documento y sólo lo relaciona con el «autoridad estatal competente». «Eso no tiene ningún sentido, nos hemos quedado sorprendidos», ha subrayado el alcalde.
La sentencia no es firme y, por lo tanto, el POUM seguirá vigente hasta que el Tribunal Supremo falle a favor de una parte o la otra. El consistorio presentará el recurso de casación delante de la Sala Tercera de este ente, y «estamos completamente seguros de que ganaremos», ha manifestado Ballesteros. El mismo también ha cargado duramente contra la empresa CLH. «Es deplorable lo que han hecho. Han actuado con deslealtad», ha lanzado el alcalde. El motivo de su reacción es que CLH, en vez de presentar un recurso contra el Plan de Millora Urbana –lo que afecta directamente a su traslado y que forma parte del POUM-, ha cargado contra el «instrumento general», es decir, el mismo POUM. «Se tienen que marchar del centro y se marcharán. Ahora seremos nosotros los que nos pondremos duros», ha acabado diciendo Ballesteros.
Por último, tanto el alcalde como Milà esperan que la Generalitat de Catalunya, parte implicada en la sentencia, presente también un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Se desconoce todavía cuánto tardará este organismo al emitir una respuesta, pero el concejal de Urbanismo ha pronosticado que se podría alargar dos o tres años. Mientras tanto, el POUM seguirá vigente. En caso de que el consistorio tenga la razón, sería la sexta sentencia a favor del Plan en 13 años.