La fiscalía mantiene la solicitud de prisión permanente para el asesino confeso de Meritxell Vall

La fiscalía mantiene la solicitud de prisión permanente revisable para el asesino confeso de la muerte de la joven tarraconense Meritxell Vall en octubre del 2015. El ministerio público lo acusa de un delito de asesinato y de un delito de agresión sexual en tentativa, sin que se haya podido acreditar una penetración, según ha sostenido al final del juicio este jueves a la Audiencia de Tarragona. Por todo ello, considera que se tiene que aplicar «de manera incuestionable» la pena de prisión permanente revisable. La defensa del acusado pide una pena de cinco años por homicidio, teniendo en cuenta atenuantes. En su último turno de palabra, el asesino confeso, Stanislav R., ha admitido la culpabilidad de la muerte de la joven, ha insistido en que la relación sexual fue consentida y ha enviado un mensaje a la familia de la víctima para decirles que lo siente. El juicio ha quedado visto por sentencia.

El ministerio fiscal ha argumentado durante el final del juicio que el acusado «dice la verdad en algunas cosas» de su relato, pero que, en otras ocasiones «dice mentiras» porque hay declaraciones que son «incompatibles» con las pruebas que se han practicado. Con todo, se apunta que, con todos los indicios encontrados, se llega a la misma conclusión que deriva en la autoría de los hechos en el acusado. En los hechos, la fiscal ve agravantes como la superioridad del hombre contra la joven; el hecho de aprovecharse del aislamiento del campamento donde pasaron los hechos, en un camino de la Budellera o el ensañamiento, con más de una treintena de heridas por arma blanca; o la voluntad de evitar que se descubra la comisión de otro delito -de agresión sexual.

Por otra parte, no considera ningún atenuante de responsabilidad por una posible drogadicción o alcoholemia y tampoco considera que se tenga que aplicar un atenuante por confesión, ya que considera que se hace de manera «parcial», cuando tendría que ser una «declaración de la verdad total» y «aportando alguna cosa nueva», unos hechos que no han pasado durante el juicio, según la fiscalía. «La única confesión que hace es para atenuar su responsabilidad para evitar la prisión permanente –negando a uno de los criterios (agresión sexual)-, o bajar al máximo los años de prisión», ha dicho.

La fiscal ha expuesto en sus conclusiones que «de manera incuestionable» se encuentran ante la pena de prisión permanente revisable. Ha argumentado también que el debate público que hay sobre la mesa en lo referente a esta pena se tiene que obviar: «nos corresponde aplicar las penas, no hacerlas; si la prisión permanente revisable fue introducida por el legislador, está en nuestro código penal y las circunstancias llevan|traen a la aplicación, tenemos que dejar de lado el cuestionamiento y aplicarla», ha dicho. Esta es la primera vez que la fiscalía de Tarragona solicita la pena privativa de libertad más elevada que prevé el Código Penal.

El ministerio fiscal ha solicitado que el procesado indemnice a los padres de la víctima con 100.000 euros cada uno en concepto de responsabilidad civil.

Por su parte, el abogado de la defensa ha afirmado que «no hay ninguna prueba directa» para acusar al suyo defendido de asesinato ni agresión sexual no consentida, más allá de la declaración del acusado de haber cometido los hechos relativos a la muerte de la víctima. Considerando varios atenuantes, como el consumo de alcohol y drogas, y la confesión de los hechos, la defensa solicita cinco años de prisión por homicidio.