El ascensor en vía pública de la calle Goya tiene subvención pero no licencia

El primer ascensor privado en vía pública de la ciudad de Tarragona cuenta con la subvención de la Generalitat para poder ser una realidad, pero todavía no ha recibido la licencia de obras del Ayuntamiento. Este equipamiento, que se ubicará en una esquina de la calle Goya, es de «vital importancia» para una comunidad de vecinos de seis personas. Todas, de edad adelantada, tienen un cierto grado de discapacidad. A estas alturas, tienen que subir las escaleras para llegar a su casa, una misión que «se vuelve cada vez más imposible». Así lo aseguraba Pere Camarasa, vecino del bloque, quien reclamaba «agilidad» al Ayuntamiento para hacer los trámites necesarios. El motivo, la caducidad de la subvención. Si el mes de julio no han empezado las obras, los vecinos perderán una ayuda de 33.000 euros para construir el ascensor, el 50% del coste del total.

Fue el año 2014 cuando la Generalitat de Catalunya aprobó la ley 13/2014 de Accesibilidad. Esta, permitió la instalación de elevadores de edificios preexistentes, para uso privado, en vía pública. Los ayuntamientos tenían dos años para modificar el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) e incluir esta nueva normativa. El de Tarragona, sin embargo, no lo hizo, y el 1 de noviembre de 2016 acabó el plazo. Aquel mismo mes, el día 28, la comunidad de vecinos de la calle Goya presentó la solicitud formal para la construcción del ascensor. La propuesta llevaba adjuntada toda la documentación técnica necesaria y contaba con el estudio del arquitecto.

El Ayuntamiento, después de recibir la documentación y la solicitud de los vecinos, tenía cuatro meses para modificar el POUM. Esta vez tampoco se cumplieron los plazos. De hecho, no fue hasta diciembre de 2017 cuando el plenario municipal aprobó la modificación del plan de ordenación urbanística, que prevé la posibilidad de ocupar las superficies de espacios libres o de dominio público que sean indispensables para la instalación de ascensores, así como superficies comunes de uso privativo, como vestíbulos, rellanos, sobrecubiertas, salientes y porches, tanto si se ubican en el suelo como el subsuelo o al vuelo, cuando|cuándo no sea viable, técnicamente o económicamente, ninguna otra solución y siempre que quede asegurada la funcionalidad de los espacios libres.

Subvención con caducidad

Desde la aprobación de la modificación del POUM, los vecinos de la calle Goya no han vuelto a tener noticias del consistorio. La comunidad pidió una subvención al departamento de Vivienda de la Generalitat, que aceptó la petición. El 24 de enero de este año, los interesados recibieron la notificación que confirmaba la ayuda por parte del gobierno. Gracias a esta inyección económica, los vecinos sólo se tendrán que hacer cargo de un 50% del coste de las obras, que tienen un presupuesto total de unos 66.000 euros.

Los 33.000 euros provenientes de la Generalitat, sin embargo, tienen una cláusula: las obras tienen que empezar en un plazo de seis meses desde que la comunidad recibió la notificación. Eso hace dos meses y, tal como decía Camarasa, «el contador se ha puesto en marcha, cada vez falta menos y todavía no tenemos la licencia de obras». Si el mes de julio el Ayuntamiento no ha tramitado el permiso para poder construir, la comunidad de vecinos perderá la subvención.

«Ya no sólo es por el dinero, sino que porque hace dos años que esperemos la construcción del ascensor y el consistorio no ha hecho nada», denunciaba el vecino. Las seis personas que viven en el bloque necesitan este equipamiento para poder subir hasta casa, un hecho que cada vez es más complicado por culpa de las diferentes discapacidades que sufren los inquilinos. Los propietarios lo tienen todo preparado para empezar las obras.