Laia Estrada, Jordi Martí y Santi Fortuny se niegan a comparecer ante el juez

Tres de los investigados por la huelga general del 3-O en Tarragona se han negado a comparecer este jueves ante el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad, que los había citado a declarar por un presunto delito de desórdenes públicos. Se trata de Laia Estrada y Jordi Martí -los dos concejales de la CUP en el Ayuntamiento- y Santi Fortuny, vinculados también a movimientos de la izquierda independentista y a colectivos anticapitalistas. Los tres han justificado que no comparecerán voluntariamente ante el juez porque consideran que el proceso responde a un «montaje» policial y judicial de tipo político. En caso de que se dicte una orden de detención, han garantizado que no prestarán declaración. Según han denunciado, se les acusa de ser los «cabecillas» de las actuaciones enmarcadas en la jornada de huelga, aunque no fueron a los convocantes ni tampoco se los identificó. Los otros dos investigados, José Estrada y Antonio Mota, sí que se han personado en el juzgado, pero se han acogido a su derecho de no declarar. El letrado que los defiende de forma conjunta, Carles Perdiguero, ha solicitado el archivo de la causa.

El abogado ha recordado que las citaciones se derivan de un atestado de los Mossos D'Esquadra en base a los hechos ocurridos en Tarragona durante el 3 de octubre. Perdiguero ha subrayado que las personas citadas a declarar no fueron objeto de ninguna identificación ni existe ninguna base delictiva que se los pueda atribuir, por lo cual ha opinado que «no hay causa» para continuar. «Es al fin y al cabo una situación rocambolesca que tiene que conducir en el archivo del procedimiento», ha manifestado.

Según han explicado, el motivo por el qual se les investiga por desórdenes públicos son, según el expediente, «estar en la plaza Imperial Tarraco durante la mañana del 3-O». A todos ellos, según dicen, se los citó como personas a título individual y en ningún caso por sus responsabilidades políticas o sindicales.

Uno de los investigados, Santi Fortuny, ha señalado que «no podemos creer en una justicia que es capaz de idear montajes judiciales y policiales totalmente políticos». Fortuny ha insistido en que no se les identificó y que sospechan que los mossos «tiraron de fichas policiales para idear un montaje en torno a una idea, que es nosotros somos supuestamente cabecillas de una multitud de gente que libremente hizo huelga». «No tiene pies ni cabeza, porque nosotros no convocamos ninguna huelga, sino los sindicatos y la gente participó masivamente. Forma parte de la estrategia represora del Estado para criminalizar aquellos que luchamos», ha defendido.

Por su parte, Laia Estrada, que es concejala de la CUP en Tarragona y portavoz del Secretariado Nacional de los cupaires, ha explicado que su decisión de no comparecer es política. Estrada ha criticado el carácter «dictatorial» del Estado y el millar de personas encausadas a raíz del 1-O. Eso, ha dicho, sólo tiene el objetivo de «criminalizar la protesta y la lucha y generar miedo para que la gente no proteste ante esta barbarie», mediante «montajes policiales».

Estrada ha llamado a todas las personas que sean víctimas de «represalias» a participar de la campaña ‘Tarragona no tiene miedo’, que reúne entidades y partidos soberanistas para «defenderse de la represión del Estado». La concejala ha criticado que, a diferencia de muchos casos de corrupción que son archivados por falta de pruebas, la fiscalía haya sacado adelante la causa del 3-O aunque «no se aguanta por ningún sitio y no hubo violencia para imputar desorden público».

Finalmente, Jordi Martí, que también es concejal de la CUP en Tarragona y sindicalista de la CGT, ha denunciado que la causa responde a «una invención de mentiras». Martí ha recordado que durante la jornada del 3-O no hubo violencia y ha tildado de estupidez que les acusen de liderar una huelga que movilizó a 25.000 personas en las calles de la ciudad. «Hace falta plantar cara, gritar a la desobediencia civil ante sus ataques y tener claro que lo que estamos haciendo es absolutamente democrático», ha cerrado.

Ahora, el juez los podría citar una segunda vez para que comparezcan, pero los tres investigados que lo han plantado este jueves ya han dicho que no irán de forma voluntaria. Por eso, según han reconocido, si el magistrado dicta una orden de busca y captura contra ellos para que lo hagan forzosamente, tampoco prestarán declaración.

Mientras los investigados entraban en los juzgados o permanecían fuera del edificio judicial, medio centenar de personas los han dado apoyo con carteles y pancartas en el marco de la campaña ‘Tarragona no tiene miedo’, impulsada por entidades y partidos soberanistas. Los Mossos D'Esquadra han desplegado un amplio dispositivo para custodiar el edificio, con la presencia de agentes del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) con armas largas y varias patrullas de Seguridad Ciudadana.