Zapater pide que se exculpe del caso Inipro a los suyos cuatro defendidos

El abogado Paco Zapater, quien defiende a cuatro trabajadores que forman parte del conocido como caso Inipro, manifestó ayer que pedirá el archivamiento después de que uno de los testigos que presentó «confirmó que varios trabajadores de Inipro hicieron, efectivamente, su trabajo» en el Instituto Municipal de Servicios Sociales. Zapater afirmó que el testigo de ayer «ha confirmado la nuestra tesis, que no es otra que coincidió en varias reuniones con los trabajadores».

Tres testigos que declararon el pasado 21 de marzo por el caso Inipro ya acreditaron que varias personas trabajaban en esta empresa, por lo cual la defensa interpretó que sus palabras ponían en duda el presunto desvío de fondo de Servicios Sociales municipales de Tarragona para financiar al PSC. Los testigos que declararon el pasado mes eran dos trabajadores de la Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (UTIC) y una era, en el momento que se investiga, presidenta de una asociación de vecinos. La declarante de ayer es técnica de inclusión de Servicios Sociales de la Parte Alta.

El argumento que siempre ha defendido al abogado Zapater, que representa cuatro de los investigados, es que la empresa Inipro realizó los trabajos encargados por el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS).

A preguntas de Zapater, la declarante afirmó que dos de las personas que defiende compartieron un proyecto de diseño del Servicio Municipal de Mediación y Acción Comunitaria con esta, añadiendo que era uno de los motivos por los cuales mantenían reuniones. Los trabajadores contratados por Inipro tenían la misión de aportar ideas al igual que la declarante, para que la ciudad tuviera un servicio común de mediación que, en aquellos momentos, no existía, trascendió de la testigo presentada por la defensa de los cuatro trabajadores.

El origen

Hay que recordar que Inipro cobró 337.168,97 euros entre los años 2009 y 2011 por un servicio de atención a immigrantes, adjudicado mediante un procedimiento negociado sin publicidad, aunque las tres empresas a las cuales se invitó a participar estaban vinculadas entre ellas. En la pieza principal constan como investigados el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; la exconcejala de Servicios Sociales, Victòria Pelegrín; la portavoz del gobierno municipal, Begoña Floria, y el exjefe de gabinete de Alcaldia, Gustavo Cuadrado, todos del PSC.