Declaran los primeros investigados por la huelga general del 8-N en Tarragona

El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona ha citado a declarar este lunes a ocho de las 39 personas investigadas por la huelga del 8-N en el Camp de Tarragona. Del total, sólo cinco han comparecido ante el juez y, de estos, cuatro han accedido a declarar y han respondido sólo a las preguntas de su abogado, mientras que uno quinto se ha acogido al derecho de no hacerlo. Los otros tres investigados, entre los cuales está el concejal de la CUP de Reus Edgar Fernández, se han quedado en el exterior del edificio porque entienden que se trata de una «causa política». Todos ellos están acusados de delitos contra la seguridad del tráfico por las movilizaciones que hubo durante la jornada, como marchas lentas de vehículos. Algunos de los investigados han asegurado que no participaron de estas acciones y que el atestado presentado por la policía española incluye afiliaciones políticas. Cerca de medio centenar de personas se han concentrado en las puertas de los juzgados de Tarragona para darles apoyo. El resto de implicados están citados a declarar los días 18, 21, 25 y 28 de mayo.

El abogado Carles Perdiguero ha constatado «deficiencias» en el atestiguado porque hay investigados que no participaron en las acciones que se los atribuyen, y ha reiterado que pedirán el archivamiento|archivación del caso una vez finalicen las cinco jornadas de comparecencias. «Entendemos que encontrarse en una acción de protesta pacifica, legitima y amparada dentro del derecho de huelga, no tiene base para considerarse una actividad delictiva», ha defendido al letrado.

Por su parte, el concejal de la CUP de Reus Edgar Fernández ha justificado que no ha entrado en los juzgados -como ha hecho otros dos investigados- porque interpretan que se trata de una causa «totalmente política» y «alguna cosa falla cuando se tienen que reivindicar derechos básicos como los de manifestación, movilización y huelga». El concejal ha advertido que «seguiremos en las calles, que está donde empezó todo y donde acabaremos ganando».

Esta causa, que se suma a las que ya hay abiertas para el 1-U o la huelga del 3-O, afecta de momento a un total de 39 personas de varios municipios del Camp de Tarragona. Todas ellas están investigadas por un supuesto delito contra la seguridad del tráfico, a pesar de otros juzgados catalanes han archivado procedimientos por causas similares por|para delitos de desórdenes públicos. Coincidiendo con las declaraciones se han convocado concentraciones de apoyo ante los juzgados de Tarragona.