La defensa de Floria pide que se archive el caso del ciberactivismo

La defensa de Begoña Floria, concejala socialista en el Ayuntamiento de Tarragona, investigada por el caso Iniprio y el apartado conocido como el caso del ciberactivismo del PSC, ha solicitado al juez el sobreseimiento parcial. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Tarragona citó a declarar a Floris, en calidad de investigada, en noviembre del 2016, en la pieza separada número 1 del caso Inipro. La declaración tuvo lugar el mes de enero del 2017 y Floria se mostró «satisfecha» por haber aclarado «en qué consiste el ciberactivismo en el PSC». La concejala afirmó que en el 2011 coordinaba grupos de personas que trabajaban en beneficio del partido, pero que lo hacían como voluntarios y sin cobrar. «El ciberactivismo es una actividad de compromiso político y no concibo que nadie pueda pensar que se cobra por hacer una tarea voluntaria», manifestó después de declarar al juzgado.

Según el juez, Floria participó en la creación de un grupo llamadoPSC Ciberactivistes Ballesteros, formado por personas afines al partido. Según la investigación, estas personas fueron contratadas por la empresa Inipro y eran pagadas con dinero público. En enero del 2017, el juez concluyó que actuaban en beneficio del PSC, difundiendo el ideario socialista y dando apoyo al alcalde en las redes sociales, y en ningún caso promovían políticas de integración de inmigrantes, tal como correspondía al contrato suscrito entre la empresa y el Instituto Municipal de Servicios Sociales.

La letrada que defiende los intereses de Floria recuerda, en el escrito presentado al juzgado el pasado mes de abril y en el cual pide el sobreseimiento parcial del caso, que la concejala «fue llamada a este procedimiento por unas actuaciones de ciberactivismo, y con respecto a este extremo, y en relación a las declaraciones referidas, tenemos que advertir que durante el desarrollo de estos proyectos, sus colaboradores se dedicaban únicamente a gestionar y trabajar en ellos, y que nunca ha oído hablar de estas personas nada en relación a la política».

En la investigación, se analizaron correos electrónicos que hacían referencia a la existencia del grupo PSC Ciberactivistes Ballesteros, que se inició con una comunicación en la cual Floria decía, entre otras cosas, «hemos puesto en marcha un equipo de ciberacción que se encargará de esta coordinación. Son Mario Urzuri, Cecilia Magnini y Alejandro Caballero. Con ellos y yo misma, y también Gustavo (Cuadrado), iremos impulsando la red». Floria, añadía que «estaría bien que, si conocéis gente del partido que tenga interés a formar parte, nos aviséis».

En la declaración de Floria ante el juez, esta manifestó que la actividad realizada por los miembros del grupo de ciberactivistas era retribuida y que, además, sus componentes coincidían con las personas que en aquel momento habían sido contratadas por Inipro.

Según la letrada, «resulta evidente que la intervención de Begoña Floria en el caso obedece a su condición de especialista en comunicación, portavoz del grupo municipal y como coordinadora y responsable del ciberactivismo, movimiento que sucede en las redes sociales y que la impulsan los mismos simpatizantes y activistas del partido de manera voluntaria y no retribuida».

El argumento de la defensa es que, de la declaración de Floria, se desprende que «nunca participó, intervino y/o gestionó ninguna cuestión relativa a la adjudicación del contrato de Inipro, y su aparición en esta causa ha estado motivada por los correos analizados, los cuales han llevado al instructor a la presunción de que el ciberactivismo es una actividad retribuida, financiada ilegalmente por la adjudicación y/o prórroga del contrato de Inipro».