Cinco de los ocho investigados por los hechos del 1-O en la Imperial Tàrraco comparecen ante el juez

Cinco de los ocho investigados citados este miércoles por los hechos del 1-O en Tarragona han comparecido ante el juez, y tres han optado por no hacerlo. Sólo uno de los encausados que ha comparecido ante el juez ha declarado para asegurar que no estaba en el lugar de los hechos. Los investigados, que no habían recibido una imputación clara previa a la citación, se los imputa un posible delito de desorden público y atentado contra la autoridad en la actuación policial del día del referéndum entre el IES Tarragona y la plaza Imperial Tàrraco. Entre los encausados está el concejal de la CUP en Tarragona, Jordi Martí, y el presidente de ERC en Tarragona, Sergi Albarran, que precisamente resultó herido en la carga policial, por la cual también ha interpuesto una denuncia que sigue su curso y en el que se ha citado a dos agentes a declarar. «Son los mismos hechos, interpretados de manera contraria», ha detallado uno de los abogados, Ramon Setó. Los abogados pedirán la archivación de la causa porque entienden que no hay ninguna causa que justifique el procedimiento. Los encausados han recibido el apoyo de decenas de personas a las puertas de los juzgados, entre los cuales había la diputada de la CUP Maria Sirvent o el diputado de ERC Òscar Peris.

El abogado Carles Perdiguero ha considerado que «no hay ningún tipo de motivo para continuar adelante con el procedimiento» y que, por lo tanto, «merecería el sobreseimiento inmediato», que pedirán pronto. Paralelamente, estudiarán de dónde salen los datos de los investigados que constan en el expediente, como algunos teléfonos móviles, y que los encausados afirman que provienen de un archivo ilegal de la policía española.

El portavoz de los encausados, Josep Maria Martorell, también investigado, ha afirmado que este es «otro episodio de persecución política», con un expediente donde se acusa a personas que «ni siquiera estaban físicamente ni en el IES Tarragona ni en la plaza Imperial Tàrraco» por el simple hecho de tener «una trayectoria de lucha política» en la ciudad. «Tanto los que éramos como los que no, no nos tenemos que avergonzar de nada», ha reivindicado Martorell, que ha explicado que los encausados tienen una actitud de no colaborar con la justicia en este caso que consideran de persecución política. Así, mientras cinco han decidido comparecer ante el juez -sólo uno ha declarado para explicar que no se encontraba en el lugar de los hechos-, tres han preferido quedarse en las puertas de los juzgados.

Decenas de personas se han reunido en las puertas de los juzgados de Tarragona desde las ocho y media de la mañana para dar apoyo a los investigados, citados a partir de las nueve. Con pancartas de 'Libertad' y gritos de 'No estáis solos' o 'Yo también estaba', en referencia al día del referéndum. Entre los presentes había concejales de ERC y la CUP en el Ayuntamiento de Tarragona y también los diputados en el Parlament de la CUP, Maria Sirvent, y de ERC, Òscar Peris. «Muestras de apoyo|soporte como estas demuestran que la llama del 1 de octubre continúa viva y que no desfalleceremos», ha afirmado Martorell.

La denuncia contra la policía española de Albarran

El procedimiento por la denuncia interpuesta por el presidente local de ERC en Tarragona, Sergi Albarrán, después de resultar herido en la carga de la policía española en la plaza Imperial Tàrraco también está en marcha. Albarrán denunció entonces que recibió una vez en un casco que llevaba en las manos –que quedó roto-, un golpe de escudo y un golpe de porra en la cabeza que lo hicieron caer en el suelo. Según ha explicado el abogado, Setó, ya se acordó el señalamiento de declaraciones de dos agentes investigados que se pudieron identificar. Concretamente, se los citó por videoconferencia hace unas tres semanas, pero el letrado reclamó la suspensión y pidió que se los citara de manera personal, como tendrán que hacer la próxima semana.

«No es lo mismo interrogar a una persona desde Zaragoza en una pantalla de vídeo que tenerlo delante y poder formularle preguntas», ha argumentado el abogado, que ha explicado que el criterio se sustenta en qué tiene interés de mostrarles vídeos y fotos de la actuación del 1-O para ver cómo obraban, una acción que era difícil hacerla a través de la pantalla.