Vecinos de la calle Goya de Tarragona pagan 4.700 euros por una licencia que no llega

Los vecinos de un bloque de la calle Goya se han gastado 4.700 euros en trámites administrativos y burocráticos para conseguir la licencia de obras que permitirá la construcción del primer ascensor privado en vía pública. El primer pago, en concepto de autoliquidación de licencias urbanísticas, lo realizaron el 29 de noviembre de 2016. Eso hace un año y siete meses, pero el permiso de obras todavía no ha llegado. Si no empiezan antes del 26 de julio, perderán una subvención de la Generalitat de 33.000 euros, la mitad del coste del ascensor.

Hace muchos meses que doce familias, la mayoría con miembros que sufren algún grado de discapacidad, esperan un permiso del Ayuntamiento para construir un ascensor. Será el primer ascensor privado en vía pública que se construya en Tarragona. Empezaron los trámites por pedir el permiso de obras en noviembre de 2016. Fue entonces cuando empezaron los pagos. 440,65 euros en concepto de licencias urbanísticas, 220 euros por|para la gestión de residuos de las obras –que todavía no han empezado–, 1.040 euros por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, y 3.000 euros por la reposición del dominio público –que tenían que abonar antes del próximo lunes.

«Este Ayuntamiento a la hora de recaudar no tarda nada pero a la hora de hacer el trabajo tardan un año y medio y todavía nada de nada», denunciaba a uno de los vecinos del bloque, Pere Camarasa. La situación es compleja. Muchos de los vecinos que viven en este bloque de la calle Goya necesitan el ascensor para poder subir hasta casa. El bloque se construyó hace más de cincuenta años y, ahora, varios propietarios tienen algún grado de discapacidad que los dificulta la movilidad. Por eso, vieron una gran oportunidad de solucionarlo con un ascensor construido en vía pública, gracias a una nueva normativa de la Generalitat que lo contemplaba.

El dinero que los vecinos se han gastado hasta ahora por unos trámites que todavía no se han cumplido no es el único aspecto que les preocupa. La Generalitat les otorgó el pasado 24 de enero una subvención de 33.000 euros, la mitad del coste total del ascensor. La subvención, sin embargo, tiene una cláusula: las obras tienen que empezar en un plazo de seis meses desde que la comunidad recibió la notificación. Eso hace cinco meses. Si el 24 de julio el Ayuntamiento no ha tramitado el permiso para poder construir, la comunidad de vecinos perderá la subvención.

Camarasa, indignado con la situación, cargaba contra el alcalde asegurando que «el señor Ballesteros no ve más allá de su nariz y no le preocupa si el personal municipal hace bien su trabajo o no». Los vecinos necesitan este ascensor para mejorar su vida cotidiana.