La consellera Artadi confirma la creación de una E-Delegación del Gobierno en el Penedès

En la delegación del Gobierno de la Generalitat todavía hay el retrato del presidente Carles Puigdemont en las salas ‘nobles’. No ha habido tiempo material de sustituir todos los cuadros que hay en los edificios públicos catalanes con la imagen del nuevo jefe de gobierno, Quim Torra. Y como una premoción, Puigdemont tenía que acabar siendo el protagonista de la jornada, con la decisión de la justicia alemana de extraditarlo por el delito de malversación, negando, de esta manera, la acusación de rebelión que se le imputa por el Supremo español.

Antes de que se supiera esta noticia, que desde las filas independentistas se ha valorado como positiva, Elsa Artadi atendía a Diari Més. Evidentemente no salió el tema de la extradición, que se conocería al cabo de pocas horas, pero si que la consellera de Presidencia tenía claro que la salida a la situación jurídica de los presos políticos y de los políticos exiliados tenía que pasar por Europa. «Tenemos la esperanza de que en Europa la justicia es independiente y eso marcará parte del camino que tiene que llevar a resolver la actual situación de los encausados».

Para Elsa Artadi, la instrucción llevada a cabo por el juez Llarena convierte en «bastante questionable», que en el Estado español «se acabe haciendo justicia». Y hacía una previsión que seguramente con la respuesta de la justicia alemana de este miércoles, acabará siendo cierta: «habrá justicia en Europa y eso moverá cosas aquí».

Delegación ‘virtual’

En la delegación, Puigdemont estaba, pero no un delegado que la dirija. La consellera confirmaba que los nombramientos de los delegados por toda Cataluña se producirán el próximo martes y también anunciaba que habrá una delegación nueva, la correspondiente a la veguería del Penedès, que abarca las comarcas de la Anoia, el Garraf, el Alt Penedès y el Baix Penedès. De hecho, la creación de la delegación penedesenca es el motivo, según Artadi, del retraso en los nombramientos, «hemos tenido que invertir la ley de veguerías y complimentar todos los aspectos burocráticos para la creación de nuevas plazas, y en ningún caso queríamos que pareciera que hay delegaciones más importantes que otras y por eso hemos tenido que esperar a tener, como mínimo, una estructura básica resuelta para el Penedès, para hacer los nombramientos».

La consellera no quiso avanzar ningún nombre, «siempre es mejor esperar que pasen por la aprobación de Gobierno antes» y afirma que incluso hay nombres que todavía desconoce, «siempre hay rumores». En Tarragona estos rumores sitúan nuevamente a Òscar Peris en la delegación tarraconense, mientras que para la nueva del Penedès, la ‘rumorología’ apunta a Jaume Casañas, concejal cunitense que, de hecho, ya apuntaba en un reciente artículo aparecido en la prensa a la inminente creación de la delegación.

En su momento Casañas también apuntaba que la nueva delegación tendría un alto componente de administración electrónica, una especie de E-Delegación. En este sentido, Elsa Artadi no quería concretar si habrá una sede física centralizada en la nueva delegación, «se trata de una veguería con cuatro capitales y precisamente uno de los trabajos del delegado será el de encontrar los equilibrios territoriales necesarios y adaptar la delegación al momento de desarrollo tecnológico que vivimos». Sobre los espacios físicos, apuntaba que siempre tiene que haber, pero no concretaba donde estarán, «empezaremos con un equipo pequeño y acabamos de mirar el tema de los espacios. En cualquier caso ahora estamos valorando cuántos o donde serán». Para la consellera es diferente una estructura consolidada de una delegación ya existente que la que se crea de nuevo, «hace falta que aprovechemos el momento para ir desarrollándola; no se puede hacer de golpe».

El hecho que la veguería esté repartida entre dos provincias no tendría que comportar, según la consellera, ningún problema administrativo, «en el Gobierno ya intentamos trabajar con mentalidad de veguerías y, en cualquier caso, ahora comprobaremos si esta división nos comporta alguna problemática».

De los ocho delegados que habrá en Cataluña, el pacto de gobierno entre Junts per Catalunya y ERC comporta un reparto al 50% entre las formaciones políticas. Y a pesar de que sin indicar los nombres, la conselleria sí que confirmaba que las delegaciones de Tierras del Ebro y el Penedès corresponderán a JxCat y la del Camp de Tarragona, a Esquerra. «Es evidente que hay un reparto entre las formaciones del gobierno, forma parte del pacto existente».

El presidente del puerto

Otro nombramiento que la Generalitat tiene pendiente en la demarcación de Tarragona es el del presidente de la Autoritat Portuària de Tarragona, pero la consellera no se moja, «eso depende del Departament de Territori i Sostenibilitat», aunque aprovechaba para destacar el trabajo hecho por el actual presidente, Josep Andreu, «una persona que, además, es muy apreciada en el territorio», y añadía, «el Port de Tarragona funciona muy bien y el cambio al frente ya se anunciará cuando sea». Con todo dejaba claro que el nuevo presidente del puerto no se nombrará hasta después del verano.

Suspensión irreversible

Dentro del marasmo de noticias relacionadas con el proceso independentista, una de las más recientes ha sido la decisión del juez del Supremo, Pablo Llarena, de cerrar la instrucción del caso resoliendo la suspensión de cargos de los encausados que actualmente son diputados en el Parlament. Como portavoz del Gobierno catalán, Elsa Artadi enmarcaba el nuevo auto del juez dentro de «el derecho creativo que siempre ha hecho», y calificaba la resolución como «peculiar».

En este sentido recordaba que «el auto establece la suspensión de cargos por la situación de prisión de los encausados, pero también intenta aplicarlo al conseller Comín y al presidente Puigdemont, que no están en la prisión» y apuntaba también a la figura que propone, «de sustitutos plenos pero temporales». «Los servicios jurídicos del Parlament y de los mismos encausados lo están estudiando», apuntaba, «nuestra voluntad es que, en ningún caso, tengan que dejar el acta de diputado y que, sobre todo, eso no suponga una situación irreversible». De esta manera no negaba una posible solución que tuviera un margen temporal de aplicación, «tenemos que ver que contempla y que, no el reglamento del Parlament».

Reclama confianza

Que la reunión entre los presidentes Sánchez y Torra haya recibido críticas desde las dos bandas podría ser un síntoma incluso positivo. Pero para esta pregunta la consellera no tiene una respuesta afirmativa, «siempre hemos apostado por el diálogo y la negociación y abrir vías de negociación con el gobierno español es positivo pero no representa ninguna renuncia». Según Artadi, «el presidente Torra siempre ha sido muy claro, él es muy consciente de dónde está, porque está aquí y como a consecuencia de por qué está aquí. Nos sigue pareciendo sorprendente que cada día tenga que defender que no somos autonomistas cuándo precisamente estamos aquí porque el presidente Puigdemont está en el exilio o, en mi caso, yo ocupo esta conselleria porque el conseller Turull está en prisión». Y acaba pidiendo, «un poco de confianza».

Sobre el inicio del diálogo con el gobierno español la consellera explicaba que «hay dos vías de diálogo. Una es la política, imprescindible para mantener unas relaciones no ya normales, que no lo son, pero si una interlocución, y esta corresponde a los presidentes Sánchez y Torra». Esta vía ha conseguido de momento que, según añade Artadi, «desde la otra banda se haya reconocido por primera vez que la de Cataluña es una cuestión política».

Y otra vía es la relativa a la gestión del día a día y las comisiones bilaterales que parece que finalmente volverán a reabrirse entre las dos administraciones, «hay una serie de incumplimientos que tenemos que ver si realmente hay voluntad por parte del PSOE de darles salida». La consellera ponía en este saco acuerdos de financiación incumplidos, leyes estatales que invaden competencias catalanas o el levantamiento de las suspensiones de leyes catalanas por el Tribunal Constitucional que en su momento fueron recurridas por el gobierno del PP.

Apuesta por los Juegos

Pedida por una valoración una vez pasados los Juegos Mediterráneos, Artadi recuerda que la Generalitat de Catalunya «cumplió con los compromisos que adquirió con la organización, y sobre todo el año 2016, que era un momento muy complicado.» El Gobierno catalán, para la consellera, «siempre apostó y no entró en temas organizativos que no nos correspondían», con todo, recuerda que son la administración que más invirtió, «y era un poco sorprendente ver el despliegue del gobierno del estado cuando en realidad decidió invertir una tercera parte de lo que había dedicado en los Juegos de Almería».