Esquerra pide explicaciones al gobierno español para «apartar» el ICIQ del programa Severo Ochoa
Solicita una comparecencia del ministro de Ciencia y registra a una batería de preguntas sobre la no renovación del proyecto de apoyo a la investigación del centro, con sede en Tarragona
El ICIQ de Tarragona se queda fuera del programa Severo Ochoa
El grupo de Esquerra Republicana en el Congreso de Diputados ha solicitado la comparecencia en comisión del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y ha presentado en paralelo una batería de preguntas al gobierno español para pedir explicaciones por la decisión de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de no renovar la acreditación de excelencia del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ), con sede en Tarragona, para acceder al programa Severo Ochoa. Los republicanos quieren que el ministro aclare «como se garantizará a partir de ahora la financiación del ICIQ si se confirma que queda excluido del programa», que entre otras cosas implicaría no tener acceso a becas de doctorado o a subvenciones externas vinculadas al programa, que ascenderían a unos cinco millones de euros, según Jordi Salvador, diputado de Esquerra per Tarragona, que firma las dos iniciativas.
En la batería de preguntas, se reclama que el ejecutivo de Pedro Sánchez aclare por escrito si piensa seguir financiando el ICIQ y en qué condiciones, como valora que se lo haya excluido del programa Severo Ochoa a pesar del reconocimiento internacional del centro de investigación, y si el gobierno español ha valorado el impacto que los recortes en el ICIQ puede tener para el conjunto de la industria química de Tarragona y de Cataluña.
«Es una decisión que no se puede entender de ninguna manera, porque el ICIQ está reconocido como uno de los mejores centros de investigación química del mundo en la mayor parte de los rankings internacionales», ha denunciado Salvador. Salvador no comparte en absoluto el criterio del AEI según el cual la transferencia de conocimiento y tecnología se tiene que basar en el número de contratos de licencia de patentes. «Eso es tanto como desincentivar la investigación de base para fomentar el conocimiento, y primar los criterios mercantilistas por encima de los científicos a la hora de financiar proyectos de investigación», ha concluido.
