Vecinos del Serrallo viven atemorizados por una veintena de individuos problemáticos

Los vecinos del Serrallo hace tiempo que viven atemorizados por una veintena de personas que ocupan varios pisos en el edificio denominado Rancho Grande, situado en la calle de Sant Andreu 2. Según los residentes, el tráfico de sustancias estupefacientes, los robos, las agresiones, las amenazas y las peleas se suceden diariamente desde hace cuatro años. Hay ciudadanos, especialmente personas mayores, que no se atreven a poner una denuncia al haber sufrido un hecho delictivo, por miedo a las represalias. «Hace dos semanas, al mediodía, a plena luz del día, una mujer pasaba por el callejón y uno de los chicos más jóvenes le arrancó el collar que llevaba. Ella no quiere denunciar por miedo. Nos encontramos con más casos así. Esta gente son ocupas delincuentes, no son personas sin recursos que sólo vienen a vivir y no se meten con nadie», asegura una fuente muy próxima consultada.

Ninguna de las personas entrevistadas por este diario ha querido facilitar su nombre por miedo. Según apuntan, las reyertas entre los ocupas y la sensación de inseguridad es cada vez mayor, a pesar de las reiteradas actuaciones policiales. «No acabaremos el año sin tener un herido grave. La situación está empeorando, cada vez vienen más personas conflictivas», explica un vecino, quién es apoyado por otros serrallencs en su locución. Personas que conviven cada día con estos individuos indican que, en la finca, y en las calles de los alrededores, se traficaría supuestamente con varios tipos de droga. «Cuando vemos lo que están haciendo, llamamos al 112, pero el problema es que el intercambio lo hacen en menos de cinco minutos y la policía tarda más en llegar. Además, están constantemente pendientes de los movimientos de los vecinos. Nos vigilan», apunta una residente.

Cabe decir que la presencia de Mossos d'Esquadra y Guardia Urbana se ha visto incrementada en las calles interiores del barrio, desde el año pasado, cuando los dos cuerpos policiales iniciaron dispositivos conjuntos, donde realizan patrullajes mixtos y se intercalan la vigilancia. Además, la Policía Nacional, también con competencias en materia de tráfico de estupefacientes mediante la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la policía judicial, se mantiene viglando. «Pero la policía tiene las manos atadas, no pueden hacer más de lo que hacen. Los detienen 24, 48 o 72 horas y, si un juez no dictamina su ingreso, vuelven a estar aquí al día siguiente», se lamenta la fuente consultada. De hecho las patrullas tienen que acudir a apaciguar las reyertas prácticamente cada día. «Este último viernes hubo una grande», explica un residente. «Empezó hacia las ocho de la tarde. Se inició dentro el edificio y tan pronto como los vecinos se dieron cuenta de ello, llamaron a la policía. Cuando ven que los agentes rondan por aquí, siempre se dispersan rápidamente, pero una vez las patrullas se han marchado, vuelven. Sobre las diez y media de la noche se volvieron a pelear en la calle. Y el día siguiente, otra vez. En verano, que están todo el día en la calle, eso pasa diariamente, en invierno es más esporádico», indica la fuente.

Según explican varios testigos, los vecinos que se han atrevido a recriminarles estos comportamientos han sufrido amenazas. Esta sensación de indefensión también la están viviendo algunos establecimientos del barrio. «Ahora hace unos días, una mujer le pidió a uno de ellos que para entrar en el local se pusiera la camiseta, porque no llevaba nada encima y, el hombre, le sacó un cuchillo», explica un serrallenc. «Evidentemente que tengo miedo, hay días que no salgo tranquila de casa o que cuando tengo que abrir la puerta me tengo que esperar porque no me siento segura», expresa una vecina que vive en la misma calle donde está situada la finca.

Supuesta mafia con los pisos

ElRancho Grande, el cutre edificio que da a la vía del tren y por el cual se accede desde la calle de Sant Andreu, es un inmueble con 32 viviendas repartidas en cuatro plantas, de las cuales, en la actualidad, hay hasta 14 ocupadas, según confirma un residente. Los vecinos explican que para acceder a uno de los pisos de ocupa, todos en propiedad de diferentes entidades bancarias, habría que pagar, presuntamente, una mensualidad a una persona. «Se encargan de pinchar la luz, de ponerles el agua y de abrirles la puerta, pero a cambio los obligan a pagar entre 200 y 300 euros en el mes», exponen varias personas consultadas. En el interior, a pesar de las numerosas peleas y los supuestos ilícitos que se producen, también viven menores.

Que el Ayuntamiento actúe

La situación se ha enquistado y nadie consigue frenar esta espiral. Uno de los motivos, explica la fuente consultada, es que algunos bancos propietarios de los pisos ocupados no han presentado denuncia, y, por lo tanto, los juzgados no pueden incoar los desalojos. La única solución plausible, plantean los vecinos, es que el Ayuntamiento de Tarragona tome las riendas y obligue a los propietarios a poner en marcha el procedimiento. En caso de que los bancos hagan caso omiso, piden a la administración local que abra expedientes sancionadores contra las entidades.