El juez mantiene la imputación para todos los investigados del caso Inipro, incluido el alcalde Ballesteros

El juzgado de instrucción número 1 de Tarragona mantiene las acusaciones contra el alcalde Josep Fèlix Ballesteros (PSC) y catorce personas más -entre las cuales la actual concejala Begoña Floria y la exconcejala Victòria Pelegrín- por el caso Inipro. Después de cerrar la instrucción, el juez considera -a la espera de los escritos de la acusación- que el alcalde podría haber incurrido en delitos de malversación, prevaricación, soborno, alteración de precios en concurso públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública. Este jueves el juez ha hecho pública el auto, contra el que se puede presentar recurso de reforma y subsidiario de apelación. La defensa del alcalde -que no ha acudido a los juzgados- ha confirmado que recurrirá la decisión porque insiste en que es inocente. No osbtante, Josep Fèlix Ballesteros ha manifestado «que continúa intacta la presunción de inocencia de todos los implicados» y ha reiterado «la absoluta confianza con la Justicia». Por su parte, la CUP, que actúa como acusación popular, ha solicitado la dimisión de Ballesteros porque ve demostrada la actuación «de cacique» del alcalde y del PSC.

El caso gira sobre el contrato suscrito el año 2010 entre el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012.

Aunque los servicios de Secretaría e Intervención municipales advirtieron hasta siete veces de la ilegalidad de la contratación, los expedientes elaborados por los servicios técnicos apuntaban a la conveniencia de abonar las facturas presentadas por la empresa, dado que había realizado los trabajos. Este es el motivo, según ha defendido siempre el alcalde, que lo llevó a firmar los decretos con el fin de abonar 21 facturas, con un importe de 215.000 euros.

Según el juez, sin embargo, los trabajos no se han acreditado y «el negocio se tejió para realizar actividades en beneficio del PSC». Según él, la empresa Inipro fue el instrumento utilizado por el partido «para que personas determinadas, afiliadas o simpatizantes, realizaran de forma remunerada actividades de naturaleza política a cargo de los presupuestos municipales».

El PDeCAT pide la dimisión de Ballesteros

Las primeras reacciones de los partidos políticos, a parte de la CUP, que actúa como acusación popular, no se han hecho esperar. Al conocer el auto, el portavoz de PDeCAT en el Ayuntamiento de Tarragona, Dídac Nadal, ha pedido «la dimisión ineludible e inmediata» de Ballesteros, además de la de todos los otros acusados. «Todas aquellas personas procesadas por delitos graves, entre los cuales la malversación de dinero público que se tenía que destinar al área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona, tienen que desaparecer del servicio público de forma inmediata», ha manifestado Nadal, que ha lamentado «la opacidad y la absoluta falta de transparencia por parte del equipo de gobierno».

Por su parte, el portavoz de ERC, Pau Ricomà, también ha pedido la dimisión del alcalde y de la portavoz del equipo de Gobierno, Begoña Floria. «Teniendo que ir a juicio acusado de prevaricación, soborno y malversación entre otros delitos, Ballesteros no puede seguir al frente de la ciudad», ha afirmado Ricomà, que apunta el alcalde «tiene que asumir responsabilidades». El portavoz de los republicanos también ha pedido la destitución de Gustavo Cuadrado de su cargo de gerente de la Fundación Smart City, ya que también se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Inipro.

Lista de las quince personas investigadas: