Floria dice que se siente «impotente» ante la evolución del caso Inipro
«El auto del juez es para mí inexplicable y me encuentro en medio de un proceso muy doloroso», afirma la concejala
La concejala Begoña Floria declaró el mes de enero del 2017.
La concejala de Fiestas, Cultura y Patrimonio de Tarragona, Begoña Floria (PSC), ha manifestado, a través de su perfil de Facebook, sentirse «impotente» delante el «evolución del caso Inipro», en el que está encausada junto a catorce personas más.
El juzgado número 1 de Tarragona comunicó ayer a las partes el fin de la instrucción y su situación procesal, en la que todos los encausados -excepto un empresario que murió- siguen investigados por el presunto desvío de fondo del Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona (IMSS) a campañas del PSC.
El juez atribuye a Floria alteración de precios en concursos públicos y tráfico de influencias, soborno; malversación y abuso en el ejercicio de la función pública.
Floria ha expresado, a través de sus redes sociales, que «el auto del juez es para mí inexplicable y me encuentro en medio de un proceso muy doloroso».
También anuncia que «presentaré todos los recursos necesarios» porque «siempre he actuado dentro de la legalidad en el ejercicio de mis funciones» y reivindica que «el trabajo que siempre he hecho en el PSC ha sido siempre desde el voluntariado».
«Confío plenamente en que los hechos se aclararán ante la justicia y espero que sea el más rápido posible», concluye a la concejala tarraconense.
Según el auto, a través del IMSS se contrató la empresa Inipro para un servicio de atención a los inmigrantes mediante un procedimiento negociado sin publicidad.
No obstante, se simuló la participación de tres empresas por optar al servicio, que se adjudicó a Iniciatives i Programes (Inipro) el año 2009, contrato que se prorrogó el 2010 y 2011 en vez de volver a convocarlo como es preceptivo.
Los empleados que contrató Inipro se habrían dedicado a hacer campaña a favor del alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), también encausado, bajo el nombre de «PSC Ciberactivistes Ballesteros», dirigidos por Floria, según relata el juez.
El grupo lo controlaba el también encausado exjefe del gabinete de alcaldía, Gustavo Cuadrado, en los que el magistrado considera a los «principales instigadores de la trama» mediante la que se desviaron, presuntamente, 215.000 euros.
