Ballesteros se declara «completamente inocente» del caso Inipro y dice que no dimitirá

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha afirmado este viernes que es «completamente inocente» y se ha mostrado convencido de que el caso Inipro se acabará archivando. Después de que el juez haya decidido mantenerlo como investigado, junto con catorce personas más, Ballesteros ha confirmado que no tiene intención de dimitir porque «en ningún caso hay motivos» para hacerlo. El alcalde ha afirmado que no se plantea que no se admitan los recursos que todavía puede presentar antes de que se dicte la apertura del juicio oral. Ballesteros se ha mostrado sorprendido por el «tacticismo» de algunos grupos de la oposición y ha celebrado que su socio de gobierno, el PP, haya garantizado que mantendrá el pacto de gobierno, al menos de momento. El alcalde ha aceptado también la demanda de Cs de convocar un pleno extraordinario este mes para hablar de cuál ha sido su papel en el caso Inipro. A ocho meses de las elecciones municipales, el alcalde también ha asegurado que tiene «ganas» de continuar como alcalde y que este mes anunciará si se vuelve a presentar.

Ballesteros se ha mostrado confiado que su inocencia «será declarada total y absolutamente sin pegas» porque no ha cometido ninguna irregularidad. El alcalde confía en que los recursos que presentará la defensa prosperarán y lo absolverán de los delitos que el juez considera que habría cometido: malversación, prevaricación, soborno, alteración de precios en concurso públicos, falsedad documental, tráfico de influencias, fraude y abuso en el ejercicio de la función pública.

El alcalde ha cargado contra la oposición para actuar, ha dicho, con tacticismo y voluntad de desgaste. Ballesteros ha recordado al portavoz de ERC, Pau Ricomà, que en precampaña no utilizaron el hecho de que fuera investigado «por un caso grave de una caja» y ha lamentado que ahora él recurra a Inipro «para hacer daño». Asimismo, el alcalde se ha mostrado sorprendido para que la portavoz de la CUP, Laia Estrada, todavía «esté en activo», aunque es la única persona «que ha sido acusada, imputada y condenada en la historia del Ayuntamiento democrático». Además, Ballesteros ha recordado que el exalcalde de CiU, Joan Miquel Nadal, también «fue imputado, acusado y puesto a juicio oral», pero que «afortunadamente para él demostró su inocencia hasta el final».

El alcalde ha insistido en que está plenamente convencido de su inocencia y que vive el procedimiento con «muchísima tranquilidad». En este sentido, ha afirmado que el caso Inipro no alterará su voluntad de volver a presentarse o no en la alcaldía de cara al 2019 y ha insistido en que lo anunciará este mes. Ballesteros también ha recordado que ha puesto su cargo a disposición de la ejecutiva nacional del PSC en dos ocasiones y que le han ratificado la confianza. Por todo ello, el alcalde ha manifestado que no tiene voluntad de dimitir porque «en ningún caso habrá motivos».

Con respecto al pacto de gobierno con el PP, el alcalde ha valorado que se garantiza la estabilidad política e institucional en la ciudad. Los populares han manifestado que mantendrán el apoyo a los socialistas, al menos hasta el momento en que se acuerde una posible apertura de juicio oral.

Hay que recordar que, además del alcalde, entre los investigados hay la concejala y portavoz municipal del PSC, Begoña Floria; la exconcejala Victòria Pelegrín; el exgerente del IMSS, Antonio Muñoz; la exjefe de gabinete del alcalde, Gustavo Cuadrado; Alejandro Caballero, contratado por Inipro y vinculado con el PSC; José Gallet, administrador de la empresa Gatillo; Enrique Manuel Miró, administrador de Itinere Serveis Educatius; Araceli Saltó, funcionaria municipal; Enriqueta Aznar, técnica del IMSS; y los trabajadores Maria Cecilia Mangini, Vasile Baltaretu, Judit Cepero, Juan Carlos Lozano y Mario Bulzuri.

El caso gira sobre el contrato suscrito el año 2010 entre el Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) y la empresa Inipro, y que se prorrogó al margen de la normativa de contratación durante los años 2011 y 2012. Oficialmente, el contrato tenía como objetivo la intervención y potenciación del asociacionismo de población inmigrante pero, según el juez, estos trabajos no han quedado acreditados en las memorias justificativas y, realmente, el qué se llevaba a cabo eran actividades en beneficio del PSC.

Así, el juez señala que se contrataron personas afiliadas o simpatizantes del PSC con el fin de llevar a cabo actividades como atender las redes sociales y hacer funciones comunicativas a favor del alcalde de cara en las elecciones municipales del 2011. Todo, subraya el auto, a cuenta de las arcas públicas. Además, el juez señala a Ballesteros y Floria como «los principales instigadores de la trama».