El Circo Romano de Tarraco funciona bajo mínimos por la supresión de personal

El acceso al Circo de Tarraco está parcialmente cerrado desde el pasado domingo, 30 de septiembre, cuando el Museo de Historia de Tarragona (MHT) despidió a una veintena de trabajadores encargados de la vigilancia a los monumentos y de la venta de entradas. El acceso se puede hacer desde la plaza del Rei, mientras que la puerta localizada en Rambla Vella permanece cerrada, según informaron ayer fuentes de los trabajadores. Un portavoz de este colectivo explicó a Diari Més que «el cese de 25 funcionarios interinos –más de la mitad de la plantilla– es improcedente», por lo cual «solicitamos al gobierno municipal la revocación de nuestro cese y que volvamos a ocupar estas plazas interinamente hasta que se celebren los procesos selectivos pertinentes y las plazas sean ocupadas por funcionariado de carrera». El portavoz añadió que «estamos preparando ya los recursos administrativos y judiciales pertinentes».

«Pensamos que la ciudadanía tiene derecho a conocer la realidad, y esta es que todos los partidos políticos que han gobernado el Ayuntamiento desde la fecha de la declaración del conjunto de Tarraco como Patrimonio Mundial están contratando y cesando a su libre albedrío, para configurar una plantilla de lo que tendría que ser uno de los principales motores económicos de la ciudad, el turismo patrimonial», declaró el portavoz.

Por su parte, el Ayuntamiento informó de que «el 30 de septiembre finalizó el nombramiento interino temporal de 22 –el número no coincide– subalternos y subalternas», añadió que «durante el verano, la coincidencia del periodo de vacaciones del personal con la mayor afluencia de visitantes hace necesario contar con más personal en los recintos del Museo de Historia, que durante el otoño y el invierno». En este contexto, el Ayuntamiento dijo que está tramitando el nombramiento interino de seis subalternos «para atender las necesidades actuales».

El portavoz de las personas que el pasado domingo se quedaron sin trabajo apuntó que «se nos contrató para cubrir plazas vacantes y se nos ha cesado sobre la base de una cláusula de duración ilegal». «De la misma manera, denunciamos la política de contratación del personal funcionario interino que asume las funciones de vigilancia, control de accesos y taquilla de los recintos patrimoniales que forman el Museo», recalcó.

«Poco personal»

El portavoz comentó que, para la importancia del conjunto monumental declarado Patrimonio Mundial, «el personal que trabaja es insuficiente para hacer una vigilancia adecuada y de atender en el cada vez mayor número de turistas». Según su opinión, «la realidad es bien diferente, ya que el número de personal en plantilla, lejos de aumentar, ha ido en franco retroceso, pasando de una setentena de funcionarios en los años posteriores a la declaración a una veintena en la actualidad, motivo que provoca continuos cierres en los monumentos y problemas para ofrecer un servicio adecuado al visitante». Para hacer la explicación más esclarecedora, comentó que «esta veintena de personas, de las cuales, por bajas, hoy día están activas sólo 17, administran dos turnos horarios y cada turno está formado por menos de 10 personas que tienen que administrar un mínimo de seis recintos». «Una única persona para vigilar monumentos de gran extensión como las murallas, de más de 800 metros de recorrido, o la Torre del Pretorio, con más de cuatro pisos, bóvedas y otros elementos, es un número francamente insuficiente», subrayó.

El colectivo está dispuesto a defender sus puestos de trabajo incluso ante la Justicia. Según dijo el portavoz de los afectados por la medida tomada por el MHT, «para cubrir las bajas que ha habido en los últimos años el Ayuntamiento ha recurrido a todo tipo de estratagemas, más propias de una empresa de trabajo temporal, convocando dos procesos de selección de personal, el último de ellos hace dos años, en un proceso con numerosas irregularidades y ofreciendo un número de plazas ridículo para las exigencias actuales». «De estos procesos selectivos, se generaron dos bolsas de trabajo que son las que utiliza el Ayuntamiento para ir cubriendo las necesidades», dijo.

El portavoz informó de que, «en estos momentos, de la veintena de personas que forman parte de la plantilla, menos de la mitad son funcionarios de carrera, siendo las otras personas funcionarios interinos con más de doce años en esta condición de provisionalidad. Al resto del personal lo forman, según criterio, personas seleccionadas de varias maneras: llamando a las personas que forman parte de las bolsas, haciendo planes de empleo o mediante personas formadas de otros sectores, como por ejemplo de la Guardia Urbana o servicios sociales». Hay trabajadores que «han estado en esta situación de provisionalidad absoluta más de 12 años, trabajando algunos meses al año y sin saber cada contrato si seguirán o no, o cuando volverán» a ser llamadas.

«Todo parecía cambiar cuando los últimos contratos firmados eran un nuevo tipo, el denominado contrato para cubrir plazas vacantes. Nuestra alegría duró poco, ya que el Ayuntamiento introdujo una cláusula de duración temporal no prevista por la ley. Es como si firmáramos un contrato indefinido pero con duración de unos meses, o sea un contrato fraudulento por no decir claramente ilegal», concluyó.