Ballesteros justifica el pleno de Inipro para demostrar que no se esconde de nadie

El alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, se ha sometido este viernes a un pleno extraordinario para abordar su actuación en el caso Inipro, en el que está investigado por ocho delitos. Durante la sesión, el alcalde ha justificado la convocatoria de la sesión para «dar la cara» y para demostrar que no se esconde. A pesar de todo, no ha aportado ninguna novedad relevante en el caso «para no interferir» en el proceso judicial. El alcalde ha admitido «irregularidades» administrativas y ha negado que conociera a las personas vinculadas a la empresa contratada por el IMSS. Además, ha insistido en que firmó las facturas para no caer en un presunto enriquecimiento injusto y ha negado que existiera ninguna advertencia de ilegalidad.

Desde la oposición, los grupos municipales de UPA y de ICV-EUiA han opinado que no había que traer este asunto al plenario porque ya está judicializado y lo han enmarcado en un ambiente de precampaña electoral. La CUP, personada en el caso como a acusación popular, ha recordado los presuntos hechos delictivos que recoge el juez en el auto y ha exigido al alcalde que termine, ya sea «por mentiroso o corrupto».

En la misma línea, el PDeCAT se ha mostrado «escandalizado», ha pedido al alcalde que se «vaya yendo» porque ha perdido la credibilidad y lo ha advertido que le será «difícil» esquivar el juicio. Desde Cs, más moderados, han aprovechado para entregar a una batería de preguntas al alcalde sobre por qué se prorrogó el contrato con la empresa. El grupo de ERC ha mostrado preocupación por que Tarragona «esté en manos de tramposos» y ha reprochado a Ballesteros que no actuara cuando salieron a la luz las primeras sospechas de irregularidades.

El PP, socio de gobierno de los socialistas, ha aprovechado para cargar contra la portavoz de la CUP, Laia Estrada, a quien ha recordado que es «la única concejala del plenario condenada por sentencia firme». Los populares también han opinado que el pleno no se tendría que haber celebrado y han defendido la presunción de inocencia de los quince investigados, entre los cuales también está el actual portavoz socialista, Begoña Floria.

Para cerrar el debate, Ballesteros ha criticado que nadie hubiera mencionado que el auto del juez no es firme y es que el alcalde confía en que la Audiencia archivará el caso. Preguntado por si volvería a actuar de la misma manera, ha dicho que volvería a firmar las facturas porque si no lo hacía «incurría en enriquecimiento injusto». Además, ha justificado que firma centenares de decretos cada año y que dispone de «filtros» que indican si hay avisos de ilegalidad porque le es «imposible» profundizar en todos.

Una semana después de confirmar que se presentará a la reelección, Ballesteros también ha dicho que ve «atrevido» que se deduzca que mediante la contratación de Inipro por parte de una empresa municipal pagaban sus «ciberactivistas» -personas afines al partido encargadas de promocionarlo en las redes sociales-, tal como el juez sospecha que pasó antes de las municipales del 2011. «Antes de Inipro ya teníamos activistas voluntarios y seguiremos teniendo. Todos ustedes también tienen», ha dicho señalando a la oposición.

Los Juegos Mediterráneos han tenido un impacto de 140 MEUR, según un estudio de la URV

Después del pleno monográfico del caso Inipro se ha celebrado otro sobre los Juegos Mediterráneos. La oposición ha criticado que, pocos minutos antes, el gobierno les enviara por correo un estudio de la URV sobre el impacto económico del acontecimiento. Según ha anunciado el concejal Javier Villamayor, el impacto ha sido de unos 140 MEUR en el conjunto del territorio, de los cuales 107 MEUR corresponden directamente a la ciudad de Tarragona.

La oposición ha vuelto a cargar contra el acontecimiento por la poca venta de entradas y su resultado económico -según la organización, un superávit de 152.000 euros-. Así, varios grupos han exigido que el consistorio detalle el importe aportado por el Ayuntamiento y han criticado que el 80% del presupuesto invertido en los Juegos haya recaído en las administraciones públicas.

Ante las críticas por el poco interés ciudadano, el alcalde Ballesteros ha disparado contra los partidos independentistas, a quienes ha acusado de «haber declarado un boicot» a la inauguración por la asistencia del rey. «Fueron estos sectores los que renunciaron a estar. No griten al boicot y después se quejen de que no hay gente», ha afirmado. Además, el gobierno ha esquivado entrar en la polémica por el posible reparto de entradas por parte de entidades unionistas.

Uno de los únicos puntos de acuerdo en el plenario ha sido la intención de hacer una gestión municipal de los equipamientos de la Anilla Mediterránea. En este sentido, el alcalde ha emplazado la oposición a definir el modelo adecuado antes de final de año. El gobierno municipal, además, ha confirmado la intención de ubicar un centro de tecnificación deportiva para deportistas con discapacidad.