Empieza la obra del primer ascensor privado en la vía pública de Tarragona

Dos años después de pedir los permisos al Ayuntamiento los 12 vecinos del número 12 vieron ayer cómo empezaban las obras del primer ascensor privado en vía pública de Tarragona. En noviembre de 2016 estos vecinos, la mayoría personas mayores y seis con alguna discapacidad, pidieron al consistorio un ascensor en el exterior del edificio para facilitar su vida cotidiana.

La Generalitat aprobó en el 2014 la Ley de Accesibilidad que permitía la instalación de elevadores de edificios preexistentes, para uso privado, en vía pública. Los ayuntamientos tenían dos años para modificar el Plan de Ordenación Urbana Municipal (POUM) para incluir esta normativa, pero el equipo de Josep Fèlix Ballesteros no lo hizo. El 28 de noviembre, cuando el plazo que especifica la ley para modificar el POUM ya había expirado, los vecinos presentaron la solicitud con los documentos necesarios y un estudio del arquitecto. En aquel momento los vecinos ya habían pagado 440,65 euros en licencias urbanísticas, 220 por la gestión de residuos de las obras, 1.040 euros por el impuesto de construcciones, instalaciones y obras y 3.000 euros por la reposición del dominio público. El Ayuntamiento tenía cuatro meses para modificar el POUM pero, de nuevo, no lo hicieron. Finalmente reformaron el plan de ordenanza en noviembre de 2017 y, según explica Pere Camarasa, uno de los vecinos, el permiso de obras municipal llegó hace un mes. Por el camino, los vecinos recibieron una subvención de 33.000 euros que pidieron a la Generalitat para la construcción del ascensor. La dilatación de los trámites hizo peligrar la subvención. Una de sus cláusulas estipulaba que la construcción tenía que empezar seis meses después de recibir la notificación asegurando que tenían la subvención aprobada. Finalmente se han ampliado los plazos y los vecinos recibirán la subvención que servirá para financiar la mitad del coste de la construcción, que en un inicio se cifraba en 66.000 euros. Sin embargo, el coste de las obras, asegura Camarasa, será superior, a causa de la demora de los trámites necesarios para realizar la construcción. «Los precios de los materiales han aumentado durante este tiempo», señala este vecino, que vive en este edificio, situado al lado de la prisión, desde hace 22 años. El ascensor se instalará a unos dos metros de distancia de la fachada y las obras se alargarán unos cinco meses.