Las citas por cláusulas suelo ya son para en marzo y en abril de 2019 en Tarragona

Los tarraconenses han presentado 1.802 demandas sobre cláusulas hipotecarias abusivas, más conocidas como cláusulas suelo, entre el mes de enero de este año y el 26 de octubre. El colapso en el juzgado único especializado de Tarragona hace que las previsiones apunten que las citas por audiencia previa se sitúen entre los meses de marzo y abril del próximo año, según una información elaborada por el Consell de l’Advocacia Catalana (CAC), que se muestra partidario que se deje sin efecto el plan sobre los juzgados únicos provinciales para resolver las demandas por cláusulas suelo y otras reclamaciones por gastos financieros derivadas de la formalización de hipotecas.

En el conjunto de Cataluña hay cuatro juzgados de estas características que, desde el mes de junio del 2017 hasta el 26 octubre del 2018, han recibido 18.457 demandas, de las cuales 3.618 corresponden a la provincia de Tarragona, la segunda que más presenta después de Barcelona. El porcentaje de asuntos pendientes de sentencia era, a julio de 2018, de un 81,60% por término medio a toda Cataluña, mientras que el índice de resolución era sólo de un 18,40%.

El CAC ha informado de que pedirá formalmente y de manera oficial al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que deje sin efecto el plan que estableció sobre los juzgados únicos provinciales para resolver las demandas por cláusulas suelo, a causa del elevado número de demandas presentadas contra entidades bancarias. Además, el CAC solicitará al Ministerio de Justicia que informe negativamente delante una eventual prórroga del citado plan.

En opinión del Consell de l’Advocacia Catalana, el plan del CGPJ ha resultado ineficaz y «hay que tener en cuenta los graves perjuicios que está provocando a los afectados». El plan centraliza en el Juzgado número 8 de Tarragona todos los casos que se presentan en la provincia con respecto a las cláusulas suelo. La medida «obliga a muchos ciudadanos a desplazarse a las capitales de cada provincia para defender sus derechos», afirma el CAC. «Teniendo en cuenta que el 99% de las resoluciones son favorables al demandante, el hecho de que se tarde tanto en dictar sentencia perjudica claramente al ciudadano», ha declarado a su presidente, Julio J. Naveira. La concentración de miles de casos en sólo cuatro juzgados catalanes «no hace más que dilatar el tiempo que se tarda en dar la razón al demandante», ha añadido.

Naveira considera que «la provincialització de las cláusulas suelo no sólo aleja la justicia del ciudadano, sino que hace inviable la resolución de los asuntos en la misma proporción que resultaría si se repartieran entre todos los juzgados del territorio, en función del domicilio del demandante».

Hay que recordar que el mes de mayo del 2017 el CAC ya recurrió ante el Tribunal Supremo el acuerdo del CGPJ de centralizar en un único juzgado por provincia estos asuntos. También impugnó las prórrogas del plan aprobadas por el CGPJ en diciembre del 2017 y en junio del 2018, que «incrementaba el número de jueces pero seguía centralizando en las capitales de provincia la resolución de estos asuntos».

El abogado tarraconense Lluís Badia está de acuerdo con el CAC y ha valorado que no puede haber «un único juzgado por provincia, aunque el de Tarragona funciona bien, pero está bloqueado a causa del elevado número de casos que se presentan». Badia ha añadido que «el colapso es total porque se ha generado un atasco y todo se retrasa». «El tema de fondo es que no puede haber un juzgado por toda la provincia cuando hay un tsunami de demandas y hay que adoptar alguna fórmula para agilizarlo». Además, obliga a clientes que residen lejos de Tarragona a desplazarse, ha subrayado Bahía en declaraciones en esta redacción.