Joan Martínez Vergel, autor de 'El 155: tot allò que no te n'han explicat' (Ed.Tres i Quatre)
Le dijeron: 'Coja papel y bolígrafo y apunte todo el que significa el 155'»
El periodista explica, a través de varios testigos, cómo se vivió en la Generalitat y el Gobierno de Cataluña la aplicación del artículo 155
El próximo jueves 22 de noviembre Joan Martínez Vergel presentará el libro El 155: todo aquello que no te han explicado en la Delegación del Gobierno de Tarragona (calle Sant Francesc, 3). El acto será a las 19 horas y la entrada es libre.
—En octubre de 2017 Usted trabajaba como asesor del secretario general de la Presidencia de la Generalitat. ¿Dónde estaba el día 27 de aquel mes, cuando el Senado aprobó la intervención de Cataluña a través de la aplicación del artículo 155?
—En Palau. Ya nos habían avisado, en toda una serie de eventuales que dependíamos orgánicamente de los consellers, que de la misma manera que el Estado español había decidido decapitar al Presidente y los consellers, todos los que dependíamos también seríamos despedidos. Por lo tanto, estábamos esperando que se aprobara el 155 para ser destituidos.
—Desde la Generalitat se había hecho un último intento por detener su aplicación.
—Desde el Gabinete Jurídico de la Generalitat de Catalunya se intentó parar con un recurso de inconstitucionalidad. Pero el Tribunal Constitucional lo rechazó por extemporáneo, porque se presentó antes de que el Senado dictaminara su resolución. Pero esta era la única manera de presentarlo, porque después ya no habrían podido.
—En ningún momento se plantearon la desobediencia pero sí que se trabajó con el fin de minimizar, en la medida del posible, los efectos.
—Lo que hicieron todos los secretarios generales fue hacer el posible para que, cuando se acabara el 155, los daños que dejara fueran los mínimos posibles. Me lo explicaba precisamente un secretario general, utilizando una metáfora muy clara: intentaron que el ‘enfermo’ quedara en coma, pero que no fuera terminal, de manera que cuando hubiera un nuevo gobierno se pudieran reactivar todas las políticas paradas.
—En el libro explica que el secretario de Presidencia, Quim Nin, pactó tres puntos con el secretario de Estado Roberto Bermúdez de Castro, el hombre de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría y coordinador del 155 en Cataluña.
—Pactaron mantener un poco las formas en cuanto a la gestión, de manera que los funcionarios se seguirían relacionando sólo con sus secretarios generales, que se garantizarían unas elecciones limpias, y que no entraría en el Palau ni en ninguna conselleria ningún miembro del Gobierno del Estado.
—Los secretarios generales se mantuvieron, con la única excepción de Cèsar Puig, jefe del Departamento de Interior. ¿Por qué?
—El problema con los Mossos no venía del 1 de octubre, sino del 17 de agosto, cuándo una policía que en Madrid consideran regional, desarticula toda una célula terrorista. Y Puigdemont y Trapero contradicen al ministro Zoido, que un día antes de abatir al último terrorista había afirmado que la célula ya estaba desarticulada. Todo hizo que se considerara que se tenía que cortar el modelo de los Mossos.
—En Exteriores no hicieron ningún cambio pero también fueron muy contundentes.
—Hicieron una auténtica escabetxina, cerrando todas las delegaciones, despidiendo a todo el personal y apagando todas las voces de conectividad con Europa y el mundo.
—En el libro recoge al testimonio de Marina Falcó, directora general de Relaciones Exteriores, que es muy clarificador.
—Sí. El día 30 de octubre Marina Falcó recibió una llamada procedente de Madrid, en el que le dijeron: «Le llamo del Ministerio de Exteriores. Coja papel y bolígrafo y apunte lo que significa el 155 ».
—Usted destaca la arbitrariedad con que aplicaron el artículo.
—Sí, hubo una arbitrariedad absoluta que derivaba de la perversión de la utilización del modelo. Dicho de otra manera, el 155 era constitucional, pero el modelo de aplicación, no. Lo que dice el artículo es que, si una comunidad autónoma no cumple con lo que dicta la Constitución, se tiene que obligar a los responsables locales a aplicar lo que dice la ley. Pero, en ningún caso, se habla de sustitución. De hecho, ya durante el debate de la ponencia de la Constitución, en 1977, Alianza Popular planteó que una de las formas de articulación del 155 fuera la posibilidad de sustituir el gobierno y hacer elecciones en tres meses. Pero esta propuesta, y una muy similar de la UCD, fue rechazada. El Estado consideró que en Cataluña se tenía que aplicar la parte más dura del 155, con independencia que eso fuera constitucional o no.