Justicia paga 1,2 millones anuales en el alquiler de los juzgados de Tarragona

La Generalitat de Catalunya se gasta cada año 1.146.215 millones de euros en el alquiler de cuatro locales que acogen una parte de los juzgados y oficinas del Audiencia provincial de Tarragona. Las dependencias judiciales de Tarragona se encuentran repartidas en seis edificios de la ciudad.

La administración pública sólo es propietaria de dos de estos espacios. El Juzgado y la Fiscalía de Menores se encuentran en la calle Cardenal Vidal i Barraquer, 5. Alquilar este espacio cuesta 170.803 euros. El gobierno paga 542.138 euros más por el alquiler de los locales de la avenida Roma que acogen los Juzgados de 1ª instancia 4,5,6,7 y 8, el Juzgado Contencioso Administrativo 1 y 2, los Juzgados de lo Social 1, 2 y 3 y el Juzgado Mercantil 1. Por el espacio de los Juzgados de 1ª instancia 1, 2 y 3, ubicados también al número 7 de la misma avenida, la Generalitat paga 199.350 euros. Por último, el gobierno desembolsa 233.924 euros por el local de la Rambla Nova 120-122 donde está el Registro Civil.

El Fòrum Judicial es la solución que el gobierno de José Montilla de 2010 propuso para unificar todas las sedes judiciales en una gran instalación. Tanmateix la Generalitat no tiene dinero para construirlo. El presupuesto inicial de este proyecto, que tendría que ser el segundo equipamiento judicial de Cataluña, después de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L’Hospitalet, era de 69 millones de euros. Justicia sólo dispone de 20 millones anuales para invertir en toda la comunidad autónoma.

La construcción del nuevo centro penitenciario abierto a la calle Arquebisbe Pont i Gol, al lado de las comisarías de la Guardia Urbana y la comandancia de la Guardia Civil, tendría que desencallar el proyecto. Cuando este centro sea una realidad, la antigua prisión de Tarragona cerrará sus puertas y albergará los archivos del futuro Fòrum Judicial, «la primera pieza» de este gran centro, explican fuentes del Departament de Justícia.

El pasado 24 de julio, la consellera de Justicia, Ester Capella, aseguraba que las «limitaciones presupuestarias que, en otros tiempos, han permitido articular soluciones constructivas y de puesta en funcionamiento de nuevos equipamientos judiciales, ahora están fuera del alcance de esta administración». Capella respondía a una pregunta de la diputada del PSC Rosa Maria Ibarra que quería saber cuál es el estado de construcción del Fòrum Judicial.

La construcción de este gran centro tendrá que esperar, al menos, cuatro años, cuando la Generalitat prevé tener terminado el nuevo centro abierto, cuyas obras tendrían que haber empezado este año. De momento, sin embargo, todavía no se ha puesto el primer ladrillo. La antigua prisión seguirá teniendo la función de centro abierto hasta que el nueve esté construido. Cuando eso pase, la antigua prisión de Tarragona cerrará definitivamente sus puertas y la Generalitat utilizará sus intal·lacions para ubicar los archivos del nuevo Fòrum Judicial. En aquel momento, se empezará a planificar este proyecto. De momento, el gobierno «estudia alternativas de inversiones y soluciones en función de los recursos disponibles que permitan recuperar la idea del nuevo Fòrum Judicial en Tarragona», aseguraba a Capella.

Diferentes voces han reclamado recientemente estas nuevas instalaciones judiciales en la ciudad. El presidente del Audiencia provincial de Tarragona, Javier Hernández, pidió en la Memoria Anual del organismo de 2017 un «plan de infraestructuras que, teniendo en cuenta la situación económica, establezca un calendario preciso de construcción del Fòrum Judicial en Tarragona». El teniente de alcalde, José Luis Martin, reprochó hace dos semanas a capella que aparque este proyecto, pero no el de la nueva Audiencia de Barcelona.