La Federació Catalana de Vela batallará para mantener la actividad en el Club de Vela

La Federació Catalana de Vela teme por el futuro de las instalaciones del Club de Vela Platja Llarga. La Generalitat tiene que renovar la cesión de los 673 metros cuadrados de que dispone actualmente. La Federació Catalana de Vela asegura que batallará para mantener el club en la playa Larga.

El Club de Vela Platja Llarga se encuentra en una situación similar que los restaurantes Tòful de Mar y Iot: el plazo de la cesión de uso por parte de la Generalitat de los terrenos de la Ciutat Residencial donde ha desarrollado su actividad históricamente se agotó el pasado 20 de mayo y, a estas alturas, no hay garantía en firme, más que la palabra, de poder continuar en el mismo espacio.

Fuentes de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat han confirmado a Diari Més que se está tramitando la renovación de la licencia de ocupación para el Club de Vela y que se priva pendiente de unos informes. Aseguran, por otra parte, que eso no impide que puedan continuar su actividad. Este es, también, el compromiso que adquirió verbalmente Patrimoni ante la Federació Catalana de Vela, pero no ha apaciguado los temores de la entidad. Y es que, tal como también ha confirmado el Gobierno catalán, la licencia será provisional hasta que no se haya definido el Plan Especial Urbanístico de la zona.

«El Club de Vela de la playa Larga es un club histórico, la Federació Catalana de Vela es la titular de la concesión, pero el gestor es el club. Dispone de buenos regatistas, muchas actividades de vela y para escuelas, y cumple una función social. Desde la Federación defenderemos este espacio al máximo», ha explicado el gerente de la Federació Catalana de Vela, Josep Seguer.

Una función social

Si bien es cierto que el Club de Vela no paga un canon a la Generalitat, como sí que hacen los restaurantes Tòful de Mar y el Iot –los cuales pagan 22.800 euros anuales–, Seguer defiende que su actividad y situación es completamente diferente. «El canon no lo hemos pagado nunca históricamente y, además, los acuerdos de concesión han sido precarios», añade. La última concesión, ahora extinguida, tenía un plazo de tres años y, el anterior, también. Esta limitación temporal ha sido un obstáculo a la hora de plantearse invertir en la mejora de las instalaciones.

«No tenemos nada en contra de los establecimientos (en referencia al Tòful y al Iot), pero una cosa son negocios privados y otra una actividad social», dice. Según los estatutos del Club de Vela Platja Llarga, sus objetivos básicos son el fomento, el desarrollo y la práctica continuada de la actividad física y deportiva, sin ánimo de lucro.

El Club de Vela de la playa Larga tiene una masa social de 350 socios. Estos, sin embargo, disfrutan de las instalaciones en familia a cuotas muy asequibles, por lo cual, los usuarios son alrededor de dos mil. La cuota familiar trimestral es de 45 euros.

Hace un mes, aproximadamente, la Federació Catalana de Vela mantuvo una reunión con Patrimoni de la Generalitat y, entonces, se les aseguró de que mantendrían la cesión –también de tiempo muy limitado. Esta, sin embargo, podría ir acompañada de una cláusula que los obligara a abandonar el espacio en cualquier momento. A pesar del compromiso verbal, la Federació Catalana de Vela no tiene ningún documento que garantice su futuro.

La parcela que ocupa el Club de Vela Platja Llarga forma parte del ámbito de la Ciudad de Reposo y de vacaciones. Al margen de lo que suceda con las nuevas concesiones de los restaurantes, la Federació Catalana de Vela pide que se mantenga el uso de los terrenos del club.

Los temores de la Federació Catalana de Vela radican en el hecho de que, cuando se definan los usos del Plan Especial Urbanístico, el espacio del Club de Vela se pueda vincular a los restaurantes. Josep Seguer ha pedido reunirse con el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, con el fin de pedir su intervención, en la medida del posible. Seguer, sin embargo, asegura que no ha recibido respuesta.

Silencio político

«Entiendo que el Ayuntamiento tiene mucho a decir, porque se trata de un espacio que ofrece un servicio a los ciudadanos», añade. Lo cierto es, sin embargo, es que el silencio político es ensordecedor. No ha pasado lo mismo con los dos negocios de restauración. El pasado 16 de noviembre, el pleno de Tarragona consensuó una declaración institucional donde se posicionaba delante el inminente cierre de los restaurantes de la playa Larga y pedía al Gobierno que licite «lo antes posible» el uso del edificio donde se explotan el Tòful de Mar y el Iot. No sólo eso, la indignación por el cierre de los dos locales se ha elevado al Parlament de Catalunya.

La primera a actuar fue la diputada del PSC Rosa Maria Ibarra, quien entró a registro de la cámara dos preguntas dirigidas al Gobierno en referencia al Tòful de Mar y al Iot. El 19 de noviembre, el diputado Alejandro Fernández y líder de PPC, presentaba una propuesta de resolución exigiendo al ejecutivo catalán la revocación del cierre de los restaurantes –que tendría que producirse el día 30– y que prorrogara la concesión hasta que se adjudique la nueva licitación.