Denuncian falta de calificación entre los profesionales de los centros de acogida de menores extranjeros

La avalancha de los menores extranjeros no acompañados (MENA) en Catalunya ha provocado la sobreocupación en algunos de los centros de primera acogida donde viven estos chicos. Es lo que critican sindicatos y educadores de Tarragona, que denuncian la «falta de calificación» entre los profesionales de estos centros.

Como el resto de Catalunya, la mayoría de los centros de la demarcación de Tarragona son gestionados por entidades privadas. En la capital, el Centro de Acogida Virgen de Mercè es el único gestionado por la Dirección General de Atención a la Infància y l'Adolescència (DGAIA), el departamento de la Generalitat que acoge aparte de estos inmigrantes. Rafi Redondo, coordinadora de Acción Social de CCOO, apunta a la poca preparación del personal. «Estamos detectando en espacios de Tarragona que contratan a gente sólo porque saben hablar árabe», asegura. «Se necesitan traductores, pero estos no pueden ser los referentes de los chicos», añade. Redondo cree que la situación actual de los tipo no responde a una «situación de emergencia», sino a una «falta de planificación». Lo mismo opina el delegado de Educación de UGT en Tarragona, Albert Tierraseca. «Falta personal. La gente que sale de la carrera se quema a toda prisa y se marchan. Encontramos dificultades para que la gente se apunte a la bolsa y no encontramos gente para cubrir las bajas», explica. Tierraseca mantiene que los centros están «saturados» con ratios que superan a los ocho chicos por educador que exige la ley.

Un educador con 14 años de experiencia trabajando con menores y que no quiere dar su nombre explica que se dan casos de centros con 50 chicos. «No han salido nunca oposiciones. Se dan situaciones de interinaje de hasta 10 años. Se necesitan crear nuevas plazas», afirma. Otra educadora de Reus, que prefiere quedar en el anonimato por miedo a «represalias», explica que algunas entidades prohíben a sus trabajadores formar comités. En algunas fundaciones están atemorizados. Tenían miedo de que la empresa conociera que se habían reunido con un sindicato», asegura.

Desde de UGT, Antonio Gutiérrez, referente de acción social en los centros privados, denuncia turnos de 14 horas. «La gente no acepta la precariedad», señala. «Hace años que pedimos más recursos para trabajar con los chicos a nivel físico y psicosocial por el riesgo que comporta», explica Redondo. Los sindicatos piden avanzar salarialmente en el convenio y más complementos incentivadores. El último incremento de sueldo fue el 2009 con una subida «irrisoria» del 0,9%. Según UGT, un educador que trabaja a un centro de la Generalitat cobra 1.825 euros más cuatro complementos. Critican que el mismo profesional en un centro privado cobre 1.716 euros, más horas y no disponga de permisos ni complementos. El Colegio de Educadores Sociales de Catalunya afirma que la diferencia salarial puede ser del 20% y afirma que hay entidades que se acogen al convenio estatal y no al autonómico. Aseguran que sí que hay educadores (600 titulados cada año), y que el problema es que no se valora la profesión. «La precariedad es muy grande y las ofertas no cumplen lo que establece el convenio», subcharlaban los trabajadores en un comunicado el pasado septiembre.