Una supuesta víctima de una estafa, obligada a abandonar su piso

El viernes 14 de diciembre, Águeda Zurita y sus tres hijos, dos de ellos menores, tienen que abandonar el piso donde viven en Sant Pere i Sant Pau. Después de paralizar dos veces el desahucio, el juez ha fijado para el viernes el desalojo definitivo. Zurita asegura que fue víctima de una estafa hace dos años por parte de la supuesta propietaria de la vivienda, que había ocupado la casa. Ahora, la auténtica arrendadora del piso quiere que se vaya.

Esta madre soltera se instaló en este piso hace tres años. Empezó a pagar un alquiler de 300 euros a una mujer, que se identificó como la propietaria de la vivienda. Nueve meses más tarde, agentes de los Mossos de Esquadra llamaron a su puerta buscando a esta mujer. La policía informó a Zorita de que la mujer en cuestión lo había engañado, se había hecho pasar por el arrendador y, previamente, había ocupado el piso. Los mossos, que la buscaban por otro posible delito, le aconsejaron que dejara de pagarle el alquiler. Durante casi un año estuvo pagando el alquiler por miedo de estar en la calle. «Los Mossos me dijeron que no me denunciarían y que podía seguir viviendo aquí si mantenía bien el piso», explica en conversación telefónica Zurita.

La mujer cobra 836 euros del paro y tiene un grado de discapacidad del 49% que lo impide trabajar. Cambió la cerradura de la puerta y siguió viviendo en el piso. Hace siete meses le llegó una carta de desalojo. En el juicio, un juez admitió que había sido víctima de un engaño y puso el caso en manos de los Servicios Sociales. Su abogado argumentó que su situación económica no era buena. Las alternativas que le proponían el Ayuntamiento de Tarragona y la Generalitat no son viables, asegura.

Piso con mujeres maltratadas

La solución que le propone el Ayuntamiento es vivir un mes en un piso compartido con víctimas de violencia de género. «No soy ninguna mujer maltratada», se queja Zurita, quien asegura que, si escogía esta opción, a su hijo de 18 años no podría acompañarla. «¿Se tiene que quedar en la calle?», se pregunta. Por otra parte, la Agencia de la Vivienda de la Generalitat tiene que resolver el expediente que Zurita inició para solicitar un piso de protección oficial. «¡Hace 10 años que lo pido!», afirma. Mantiene que el expediente se resolverá en enero de 2019. Entonces, dice, ya habrá sido desahuciada. «Me ofrecieron un piso en el Delta del Ebro. No me puedo marchar. Mis hijos tienen la vida aquí», explica. Las otras dos hijas tienen 6 y 8 años. A cinco días para que lo expulsen del piso donde vive, pide ayuda para encontrar una solución. Zurita asegura que, con lo que cobra no se puede permitir pagar un alquiler y al mismo tiempo alimentar a su familia. La propietaria del piso tampoco la escucha. Es su casa y quiere recuperarla. Encontrar otro piso de alquiler en pocos días se presenta como una alternativa imposible. «Los precios han aumentado mucho y te piden muchas condiciones», lamenta.

Los desahucios en la províncias'han disparado durante el primer semestre de 2018. En este periodo hubo 1.054 lanzamientos, un 24% más que los que se produjeron en el 2017, cuándo hubo 845. Tarragona registra 2.000 desahucio el año.