«Esperar 18 meses para los permisos es demasiado para una empresa»

La modificación por decreto de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico permitiendo la creación de redes de distribución de energía eléctrica cerradas daba respuesta, el 7 de diciembre, a una vieja reivindicación del sector químico para eliminar uno de los principales obstáculos para sumar inversiones. Carles Navarro, nuevo presidente de la Federación Empresarial de la Industria Química Española (Feique) analiza las ventajas para el sector.

—El nuevo gobierno socialista ha facilitado en pocos meses una demanda que la química tenía desde hace años. ¿A qué atribuye esta celeridad?

—Lo cierto es que no hay nadie que nos pueda explicar cómo ha ido la historia desde dentro. Hace mucho tiempo que estamos trabajando en este tema y tenemos la sensación que las repetidas conversaciones que hemos mantenido con el Gobierno han dado su efecto. Creemos que los últimos cuatro meses ha habido más visualización de esta demanda gracias al hecho de que se ha recuperado el ministerio de Indústria, lo que ha sido una muy buena noticia y nos ha permitido volver a la carga. El sector aprovecha los primeros contactos con el Gobierno para posicionar aquellos temas que son importantes pero que son antiguos.

—Se abre un periodo de seis meses para la redacción del reglamento. ¿Participaréis en este proceso?

—Tenemos muchas esperanzas que la redacción acabe de concretar las ventajas de tener redes cerradas que, a estas alturas, en el decreto sólo están planteadas. Haremos una tarea de colaboración estrecha para llegar a un texto que sea más favorable para la industria química, pero también para la industria en general. Hay un borrador que está bastante avanzado y haremos toda la tarea de apoyo a fin de que esté terminado, incluso, antes de los seis meses previstos.

—¿El sector se refleja en algún país europeo con respecto a las redes cerradas?

—Por el redactado en sí, tenemos referencias exitosas de países como Alemania, Bélgica, Holanda, Francia, donde las redes cerradas funcionan desde hace muchos años y han demostrado su eficacia. Son referentes que nos han ayudado al hecho de que esta medida fuera una realidad aquí. Si disponemos de las redes cerradas, eliminaremos un impedimento para la competitividad.

—¿Han calculado qué ha dejado de ganar el sector para no contar con las redes cerradas durante estos años?

—Creo que no lo sabremos nunca. Lo que sí que sabemos es que, a partir de ahora, concretando el reglamento, las posibles inversiones que se planteen en nuestros polígonos químicos serán mucho más fáciles. Hasta ahora, acoger una nueva empresa que pudiera aprovechar las grandes ventajas de situarse en un polígono suponía pedir un acceso particular a la red eléctrica que implicaba, inversiones, costes y mucha burocracia.

—¿Puede estimular también la ampliación de las empresas existentes?

— No particularmente, pero para las empresas existentes es una buena noticia porque clarifica la situación. Es posible que en el desarrollo del reglamento haya alguna ventaja competitiva que podamos explorar. Espero que beneficie a todos el general.

—En el caso del polígono químico de Tarragona, ¿cree que se puede producir un efecto llamada de nuevas inversiones inmediatamente?

—Es difícil de decir, son decisiones empresariales. Está claro que, si desaparece esta barrera, empresas que habían cuantificado este posible obstáculo se verán más animadas a valorar y considerar nuevas inversiones. Lo que está claro es que no tendremos empresas que estén en duda por eso.

—¿Qué gasto puede suponer para una empres la conexión sin redes cerradas a estas alturas?

—Va en función de las necesidades de la planta. Puede ir desde decenas de miles de euros hasta millones de euros. Si necesitas un gran consumo de energía, puede superar el millón de euros. En cuestión de permisos tiene mucha importancia. Cuando se habla de nuevas inversiones siempre se habla de terrenos, recursos, pero muy frecuentemente el principal obstáculo es el permiso medioambiental y el permiso de actividad que pueden tardar hasta 18 meses tranquilamente en Cataluña. Es un freno y lo hemos puesto en conocimiento de las autoridades. Hay un problema de fondo, y es que la metódica de trabajo se basa en examinar todos los puntos del dossier que nosotros presentamos como empresa. Eso consume mucho tiempo. En otras partes del mundo, se examina el dossier, pero se traslada a la empresa la responsabilidad de que todo aquello que se ha previsto sea verdad. Se otorga el permiso de forma informada y se confía en que la empresa haga todo aquello que está diciendo y, si finalmente no es así, entonces se puede intervenir. Esperar dieciocho meses es mucho tiempo para una empresa, puede pasar de todo en este tiempo.