Una familia de Campclar estafada se quedará sin casa en el mes de enero

Víctima de una estafa, una familia con dos menores vecina de Campclar se enfrentará, si nada cambia, a un desahucio el 28 de enero de 2019. Quedan pocas semanas y ahora ya piden ayuda por donde pueden. El proceso hace más de un año que se alarga: en septiembre de 2017 alquilaron una vivienda en un bloque del barrio, un inmueble que desde dos años antes estaba embargado por el Banco Santander, una circunstancia que según la familia desconocían completamente. Pocos meses después de entrar, la entidad financiera se puso en contacto con ellos para comunicarles el desahucio. Aunque tenían toda la documentación, el padrón y los pagos en regla, el banco no se lo reconoció y los llevó a juicio. Meses más tarde, con varios aplazamientos por el medio y ninguna respuesta por parte de la administración, se encuentran con qué no tienen lugar donde ir. Su deseo, poder quedarse con un alquiler social en el mismo piso.

Hayat Afarrich, del barrio tarraconense de Campclar, ha empezado a denunciar vía redes su situación. Una situación delicada, ya que incluye a dos hijas menores: una de dos años y la otra de siete. Nadie, tampoco su marido, quiere marcharse de un barrio a que ya se han acostumbrado y donde tienen toda su vida: amigos, conocidos, compañeros de clase, su día a día. «No queremos ir a otra zona u otra ciudad, aquí estamos bien pero ninguno de los pisos en alquiler baja de los 500 euros», asegura Afarrich. Este es un precio, asegura, que no pueden pagar, con unos ingresos anuales familiares de 11.000 euros. «Fuimos a pedir ayuda al asistente social, en Torreforta, por si podíamos conseguir un piso con alquiler social, también en la mesa de vivienda de emergencia, y nos lo denegaron porque, según ellos, con estos ingresos podemos alquilar otro piso», pero esta familia está harta de ir a las inmobiliarias y preguntar por pisos asequibles. «Yo misma he ido a pedir justificando en las inmobiliarias pero el asistente social no me recibe desde hace dos semanas», afirma. ¿«No podemos pagar un piso de 500 euros o más, como pagamos todo el resto?», se lamenta.

La vía legal, agotada

En marzo de 2018 presentaron toda la documentación que les requerían con el fin de negociar otro contrato de alquiler en el mismo inmueble. El banco los acusó de saber antes de firmar el contrato anterior de ser conocedores de la situación de embargo, un hecho que ellos niegan. El juicio llegó y la sentencia no se hizo esperar: en el mes de junio les comunicaron que en un mes se tenían que marchar. Acto seguido se dirigieron a la PAH, que les asesoraron a fin de que, como mínimo, pudieran aplazar mediante recursos el desahucio mientras no encontraran una alternativa habitacional. Ahora, el banco, después de todos los recursos, les exige que se marchen antes de que se acabe en enero.

Con respecto a las negociaciones con el banco, otra vía abierta -Campclar es un barrio con pisos de protección oficial, pero también hay que los bancos ofrecen en el marco de su obra social–, ahora mismo se encuentra en vía muerta. «Hemos ido seis o siete veces en el banco, nos dicen que mirarán el expediente, pero vamos así desde junio», dice.

Que el precio de los alquileres está subiendo es un hecho demostrable. Expertos ya hablan de «burbuja» al estilo de la que se produjo con las hipotecas antes de la crisis de 2008. Principalmente afecta a las grandes ciudades, pero por el efecto de desplazamiento de los vecinos hacia poblaciones próximas eso también ha empezado a tocar en ciudades como Tarragona u otras localidades como Torredembarra, Creixell, Altafulla, el Vendrell o Calafell. Aunque Tarragona no tenga tanta afectación como el Baix Penedès o el Garraf, el incremento se ha ido notando en los últimos meses especialmente: donde antes era posible encontrar piso por 300 euros, ahora no bajan de los 500 o, incluso, de los 600.