Medio año de incumplimientos en el contrato para cuidar las zonas verdes

La Unió Temporal d’Empreses (UTE) URBASER y AMBITEC Servicios Ambientales, adjudicataria del contrato de mantenimiento, conservación y limpieza de los espacios verdes públicos del término municipal de Tarragona incumple el contrato que firmó el pasado mes de agosto para los próximos cuatro años. El gobierno local dice que se trata de «ajustes» que la compañía tendrá que hacer antes de que se acabe este mes de enero. Si no lo hacen, ya tienen un ultimátum planteado por primera vez en el mes de diciembre, y es que no les pagarán la certificación del mes, que corresponde a 247.375 euros del total de más de 10 millones que les toca percibir en el conjunto de cuatro años.

El incumplimiento, descubierto a raíz de unas preguntas de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP) en una reunión con un responsable de la brigada municipal, se encuentra en la falta de sustitución de trabajadores cuando estos están de baja o de vacaciones, por lo cual no se pueden llevar a cabo todas las tareas que los vecinos de la ciudad exigen.

También hay incumplimientos en el equipo que utilizan, más concretamente en los medios mecánicos y auxiliares que se especifican en el pliego de condiciones técnicas. «Por problemas con las matriculaciones de los vehículos, la empresa adjudicataria todavía no disponía de todos los vehículos o maquinaria» el pasado mes de diciembre. También hay otras cuestiones pendientes de resolver, según fuentes municipales, en los próximos meses.

Una de ellas, inminente, será el traspaso de la Anella. Con el anterior contrato dedicado a las zonas verdes de la ciudad, finalizado en julio de 2018 y que duró siete años, no quedaba claro quién se haría cargo del mantenimiento de la Anella Mediterrània. Según el nuevo contrato, será la nueva UTE quien a partir del mes de julio, un año después de que finalizaran los Juegos Mediterráneos, se tendrá que encargar, y no la constructora, como hasta ahora. Se trata de una superficie de 330.000 metros cuadrados que hoy por hoy queda pendiente otorgarle nuevos usos.

Esta es, de hecho, la empresa adjudicataria de uno de los dos lotes, lo más importante, del servicio de mantenimiento de zonas verdes en las áreas de Llevant, Sant Pere i Sant Pau, Zona Educacional, Centre, Part Baixa, Campclar, Torreforta, Riuclar, Icomar, la Granja, Rodolat del Moro, cauce del río Francolí, Tarragona 2, la Muntanyeta, los Músics y los Cossis. El otro lote, que cubre Bonavista, las Gavarres, la Floresta, la Albada, Parc Riuclar, Sant Salvador, Sant Ramon, Santa Isabel, Polígono Industrial Riuclar y los terrenos del Pla Parcial 9, van a cargo de otra empresa. Para llevar a cabo estos segundos trabajos, Empleo para la Integración de Discapacitados SL (EPID) recibe más de seiscientos mil euros en los cuatro años de contrato. En este segundo lote, sin embargo, no hay quejas.

Dejar de pagar o rescindir

La reacción del Ayuntamiento ante la insistencia de la formación anticapitalista ha sido presionar la empresa, pero se niega a hablar de rescisión de contrato aunque haya pasado ya medio año desde que se firmó. «Los primeros interesados en que se cumplan los contratos somos el Ayuntamiento de Tarragona», informan fuentes municipales. Por el contrario, la concejala de la oposición Laia Estrada (CUP) cree que se trata de un caso «muy grave».

El gobierno es conocedor de incumplimientos graves con respecto a un contrato y su respuesta es mirar hacia otro lado, permitiendo que la empresa amplíe quantiosament su margen de beneficios a costa del erario público. Es inadmisible que se hayan certificado los trabajos cuando el contrato no se está cumpliendo. En la cabeza de casi medio año, es incomprensible que no se haya rescindido el contrato», asegura Estrada.

La concejala también ha denunciado falta de transparencia por parte del equipo de gobierno y del responsable del área, José Luis Martín (PP). Incluso los acusa de proporcionarles «documentación totalmente sesgada», especialmente con respecto a los turnos de los trabajadores. Al mismo tiempo, a pesar de las vacaciones por el medio, destacan que haya pasado un mes desde que formularon toda una serie de preguntas todavía no respuestas.

Problemas a Contratación

Se mujer la circunstancia, por otra parte, que la misma área que gestiona José Luis Martín –Presidencia, Transparencia, Gobierno abierto, Espacios públicos y Contratación– cuenta con otras incidencias. Una de ellas, seis contratos por valor de más de dos millones de euros de concesiones administrativas sigan en vigor aunque haga tiempo que se hayan acabado las prórrogas.

«Tenemos el convencimiento de que no estamos ante un caso anecdótico, sino que ejemplariza lo que está pasando en la ciudad con los contratos externalizados en manos de las grandes empresas multiservicios». Las quejas vecinales que se repiten por toda la ciudad tienen que ver con eso mismo: alumbrado, parques infantiles, la limpieza de la ciudad, entre otros. Es por este motivo que reivindican la municipalización de todos los servicios públicos, para poder controlar adecuadamente su cumplimiento.