El Ayuntamiento de Tarragona estudia como convertir locales vacíos en viviendas

Es un fenómeno que se repite en muchas ciudades. Comercios que cierran la persiana y que dejan paso en locales vacíos. La presencia de estos espacios desiertos en Tarragona cada vez es más evidente. Con el objetivo de darle un uso, el Ayuntamiento estudia como permitir que se conviertan en viviendas.

El concejal de Patrimoni Municipal, Josep M. Milà, explica que se trata de una demanda que nace desde los propietarios administradores de locales de la ciudad, concretamente, a los barrios de Torreforta, Campclar y Bonavista. «En algunas zonas, como la del hospital Joan XXIII algunos locales de planta baja están en disposición de acoger una vivienda», asegura. Sin embargo, la concejalía de Territori «estudiará caso por caso». Calles con una alta afluencia de tráfico como la calle Unión o la Rambla Nova no podrían acoger viviendas, señala Milà. «Se tiene que cumplir el código técnico de edificación que tiene muchas exigencias. Los locales tienen que ser habitables, con accesos, ascensor, previsión de incendio, etc., plantea. «No es fácil, son locales que la única ventilación con la que cuentan es la puerta de entrada desde la calle».

El pasado 24 de octubre, el Ayuntamiento se comprometió a elaborar un censo de locales vacíos. Con las abstenciones de PP, Ciudadanos y PSC, los grupos aprobaron una moción de la CUP que pedía «potenciar el aprovechamiento de locales vacíos y revertir la desertificación comercial», de la ciudad. Los anticapitalistas también proponían fomentar la actividad de pequeños comercios, cooperativas y proyectos culturales o de producción artesanal para dinamizar los locales vacíos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) valora positivamente esta opción. «Si es un local que cumple los requisitos de habitabilidad y se puede vivir de manera digna me parecería bien», asegura Juanma Espinosa, miembro de la PAH de Tarragona. En otras ciudades como Barcelona, familias que han sido desahuciadas se han instalado ilegalmente en bajos de entidades bancarias abandonados y tiendas. La concejalía de Habitatge de la capital catalana anunciaba en abril de 2017 la intención de aprovechar las plantas bajas en desuso para instalar viviendas. El consistorio barcelonés también apuntaba a situar oficinas, estudios y consultas en plantas bajas. Una idea que también señala Milà. «Quizás muchas actividades que se hacen en plantas de piso se podrían ubicar en plantas bajas». Desde el Ayuntamiento de Barcelona, aseguran que, si un particular tiene un local que quiere reconvertir en vivienda y solicita la cédula de habitabilidad correspondiente y el sitio cumple con la normativa urbanística, el gobierno municipal facilita la tramitación, siempre que no afecte al tejido comercial.

El problema de la vivienda sigue latente. Muchas familias, que han sido desahuciadas, no encuentran otra salida que ocupar pisos vacíos que son propiedad de los bancos. Espinosa explica que conoce muchos casos de personas que viven en pisos ocupados. Una de reivindicaciones de la PAH es la expropiación de los pisos vacíos y dedicarlos a alquiler social.

1.000 pisos vacíos

Tarragona cuenta con 1.000 pisos vacíos, según el concejal Milà. La mayoría de estos pisos están en manos de las entidades bancarias, que tienen la obligación de comunicar los pisos vacíos de los cuales disponen. Se considera un piso vacío aquel que desde hace dos años no vive allí nadie. En Tarragona, sólo un 10% de estos pisos tiene cédula de habitabilidad, es decir, son habitables.

Barcelona ha multado en más de una ocasión a bancos por disponer de pisos vacíos. Tarragona no se plantea aplicar sanciones y Milà apunta al diálogo del consistorio con los bancos como herramienta para abordar el problema de la falta de vivienda en la ciudad. «A través de la Generalitat, las mesas de emergencia y el Ayuntamiento ha habido acuerdos con los bancos que son los que han puesto pisos a disposición de la mesa de emergencia. Hasta ahora ha funcionado, pero eso no significa que en un futuro necesitemos más pisos», afirma.

Unas 78 familias tarraconenses se enfrentan actualmente, según la PAH, a procesos de ejecuciones hipotecarias. El año pasado, los activistas resolvieron, de manera favorable por los intereses de las familias afectadas, 60 casos. Se trata de situaciones, en las que los activistas pudieron detener la ejecución antes de la orden o bien pararon el desahucio, y después negociaron una salida.

Cataluña registra anualmente 10.508 desahucios, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El pasado diciembre, la PAH afirmaba en un comunicado que el Estado español «sigue vulnerando el derecho a la vivienda por la inoperancia de los partidos políticos, que sólo velan por los intereses económicos.» Otra de las exicències de la plataforma es la moratoria de los desahucios de las familias más vulnerables.