Suspenden el desahucio de la familia con hijos de Campclar

La familia con dos hijos del barrio de Campclar que tenía que ser desahuciada de su piso alquilado el día 28 de enero podrá quedarse, cuando menos temporalmente. El passsat 9 de enero, tal como se enteró ayer mismo la madre, Hayat Afarrich, la representación legal del Banco Santander –propietario del inmueble– mostró su conformidad ante el juzgado de principio instancia número 4 de Tarragona con que se suspenda el lanzamiento acordado.

De esta manera finaliza provisionalmente la pesadilla de este núcleo familiar de cuatro personas –dos adultos y dos menores, de dos y siete años de edad– que ya había convocado una concentración con la ayuda de varios movimientos sociales de la ciudad –entre ellos el grupo municipal de la CUP– para parar el desahucio.

Su historia empezó en septiembre de 2017, cuando entraron en el piso según aseguran de manera legal, con contrato de alquiler, pero firmado con el antiguo propietario, que dos años atrás había sido embargado por el banco.

Ante esta «estafa», de la que se enteraron pocos meses después, pidieron por una parte negociar con el nuevo propietario poder quedarse en el barrio y en el piso ubicado en la Rambla de Ponent. Como las numerosas visitas a las oficinas no daban su fruto, Afarrich también se dirigió a los servicios sociales y a la Taula de Emergencia de la Generalitat.

Los dos los negaron la ayuda ya que aseguraban que con sus ingresos actuales –11.000 euros el año, unos 900 euros en el mes, el sueldo del marido– podían encontrar alternativa habitacional. La familia estuvo meses buscando piso, pero aseguran que con el incremento del precio de los alquileres no había ninguno de menos de 500 euros, un importe que no podían afrontar. Aunque tenían toda la documentación, el padrón y los pagos en regla, el banco no se lo reconoció y los llevó a juicio. Meses más tarde, con varios aplazamientos por el medio gracias a la ayuda de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y ninguna respuesta por parte de la administración, se encontraban con qué no tenían lugar donde ir. Su deseo, poder quedarse con un alquiler social en el mismo piso ya que ellos y los hijos ya han hecho vida en el barrio y no quieren marcharse.

Agotada la vía legal y viendo que el desahucio era inminente, se acogió a la denuncia vía redes sociales de su situación.

A raíz del alboroto creado, los servicios sociales municipales volvieron a tratar su caso pero por los movimientos de la entidad financiera no ha habido tiempo para que el Ayuntamiento redactara un nuevo informe y negociar una alternativa. La familia espera poder encontrarla ahora.