Subiendo espera poder solucionar la polémica por la licencia de actividades

Hace más de un año que la Federación de Asociaciones de Vecinos del Área de Levante espera poder solucionar un conflicto que mantiene con el Ayuntamiento de Tarragona a causa del cobro por parte de este de la licencia de actividad. Esta situación la vive desde que se produjo el cambio de sede en el Centro Cívico de Monnars. La semana pasada, la presidenta de la entidad, Gemma Fusté, mantuvo una reunión con la concejala del Ayuntamiento Elvira Ferrando para abordar esta problemática. «Estamos satisfechos, porque Ferrando nos recibió de un día en el otro y confiamos en el hecho de que la situación en que nos encontramos se pueda arreglar cuanto antes mejor». Ferrando se mostró receptiva, de según dijo Fusté.

En el 2017, la Federación de Asociaciones de Vecinos del Área de Levante fue embargada por el Ayuntamiento por un importe de 900 euros, cuantía derivada del impago de la licencia de actividad por la apertura del local que tienen en el Centro Cívico de Monnars. «Nosotros justificamos esta partida cuando pedimos la subvención, pero el Ayuntamiento nos dijo que no era posible». El resultado fue que «nos sacaron los 900 euros de la cuenta bancaria equivalentes a la licencia de actividad, más 900 más que pedimos como subvención», dijo la presidenta de la organización veinal de Levante.

Fusté remarcó que «no entendemos por qué tenemos que pagar la licencia de actividad, como si el nuestro fuera un local comercial, cuando, además, el local es propiedad del Ayuntamiento». Fusté añadió que, «más que un local, utilizamos una sala del Centro Cívico, y no entendemos por qué tenemos que pagar nosotros este impuesto cuando resulta que no hagamos ningún tipo de negocio». Además, «incluso ponemos dinero de nuestro bolsillo», subrayó a la presidenta de la Federación. Fusté está convencida de que «se trata de un malentendido», pero reclama «una solución que esperamos llegue después de la reunión mantenida con Ferrando», encuentro que calificó de «muy satisfactorio». Como contrapunto, Fusté «recordó que hace un año que tenemos pedida una reunión con el alcalde Josep Fèlix Ballesteros, pero esta todavía no se ha producido».

El embargo de los 900 euros que decretó el Ayuntamiento en el 2017 se mantiene, una circunstancia que afecta de manera negativa en la Federación. Como dijo Fusté, «nosotros incluso aportamos dinero» para el funcionamiento de la organización vecinal.