El Ayuntamiento de Tarragona abre un expediente sancionador a la discoteca Bloomsbury

El Ayuntamiento de Tarragona abrió el pasado 4 de diciembre un expediente sancionador en la discoteca Bloomsbury, ubicada en la calle Major, por incumplir los requerimientos relacionados con las medidas del sonido. Se trata de un expediente administrativo, sobre el cual el negocio puede recurrir. De momento, no hay ninguna sanción económica impuesta.

El caso se remonta al pasado 3 de octubre de 2018, cuando el consistorio ordenó al local que adoptara «una serie de medidas correctoras» y que «aportara el control periódico favorable de la actividad». Casi dos meses después, el 27 de noviembre, el gobierno municipal volvió a requerir en la discoteca Bloomsbury estas medidas, esta vez, poniendo un plazo de un mes para hacerlo. En aquel momento, el local ya abrió un expediente sancionador por la ausencia de respuesta en una de las peticiones. Finalmente, el 4 de diciembre, se interpone otro expediente sancionador por «el incumplimiento del requerimiento del control periódico y de la adopción de medidas correctoras ordenadas».

Àngel, uno de los socios del establecimiento, exponía ayer a este diario las razones de este expediente. «Lo que ha fallado, algún día, es el dispositivo que almacena los datos relativos al sonido», explicaba. Según este empresario, el limitador, el dispositivo que controla que el local no exceda los 92 dB de sonido permitido funciona correctamente. Además, asegura el dispositivo que ahora mismo no funciona estará arreglado la semana que viene.

Fuentes del Ayuntamiento explican que este expediente seguirá el curso administrativo correspondiente. Ante esta situación, puede ser que el expediente se archive, o bien, se interponga una sanción económica al negocio de entre 1.001 a 10.000 euros.

Una vecina, que vive justo encima de la discoteca Bloomsbury, llevó las molestias, que según ella sufre a causa del ruido del local a la Fiscalía. El 10 de diciembre E.A.P pedía el cierre provisional del negocio por el «ruido» de la discoteca y acreditaba un informe clínico, según el cual la mujer sufre ansiedad y tiene que tomar medicamentos para dormir. Ángel, explicaba, entonces, que el establecimiento registra el máximo de decibelios permitidos. El concejal Milán explicaba este lunes, después del pleno, que algunos locales de la Part Alta, ubicados en edificios antiguos, tienen dificultad para aislar de manera correcta el sonido.

El concejal de Patrimonio Municipal, Josep Maria Milà, anunciaba el pasado 22 de enero la prohibición de apertura de bares musicales y discotecas en la Part Alta, a través de la modificación del Plan General. Con esta modificación, el consistorio desestimó las alegaciones del sector del ocio nocturno que pedían carta blanca en el barrio.

La plataforma Farts de Soroll celebra esta decisión del Ayuntamiento, pero pide el cierre de los actuales locales de la zona. El portavoz de ERC en el Ayuntamiento, Pau Ricomà, se refería al supuesto ruido de la Part Alta a causa de los locales de noche. «La Part Alta no se puede convertir en un polígono de ocio, se tiene que regenerar. Estamos a favor de la cultura, no del ruido. Hace falta potenciar la política de mediación y mejorar la convivencia en el barrio», explicaba Ricomà en el plenario municipal.