«No se puede estigmatizar el colectivo de jóvenes inmigrantes por problemas aislados»

—Los menores extranjeros no acompañados (Mena) es uno de los principales problemas que ahora tiene que asumir su departamento?

—Hago una enmienda de entrada. No hablo de problema, hablo de reto. Y es un reto que va más allá de mi departamento y de la Generalitat. Es un reto que tenemos como país, pero también un reto a escala europea. Actualmente volvemos a estar en cifras de proceso migratorio de principios del 2000. El año pasado se registraron en torno a las 100.000 personas que llegaron a Cataluña. Con respecto a los menores, llegaron más de 3.800. Y, a diferencia de lo que pasaba el año 2000, están llegando personas con una situación de mayor vulnerabilidad. Eso se hace patente precisamente con estos jóvenes y niños que llegan sin referentes familiares. Otra diferencia, respeto al principio de los 2000, es que no tenemos la misma situación económica. Entonces se podía asumir gente con más facilidad.

—Dentro del reto que representa la recepción de estos jóvenes, hay también un problema de imagen y estigmatización por conflictos de convivencia?

—La estigmatización del colectivo es uno de los aspectos que más nos preocupa. Nosotros no somos «naïf» en relación en eso. Hay un pequeño porcentaje que llega con dinámicas de calle, que genera situaciones que son complejas. Pero se trata de un pequeño porcentaje respecto de la totalidad. Y es el mismo tipo de dificultades que podemos tener con jóvenes autóctonos. Pero es cierto que para ser extranjeros y ser inmigrantes se visualiza mucho más este pequeño porcentaje.

—Cómo se puede revertir esta situación?

—Tenemos grandes muestras de la situación contraria. En Santa Coloma de Queralt, en la Conca de Barberà, se da un gran ejemplo de lo que pueden hacer estos jóvenes que, lo que quieren conseguir, es ayudar a sus familias, ganarse la vida y salir de situaciones de pobreza. Todos juntos tenemos que intentar hacer el ejercicio de no estigmatizar a todo un colectivo a causa de actuaciones de una parte muy minoritaria. También hay que tener en cuenta que dentro de este colectivo de menores hay una gran diversidad de tipologías. Hemos convertido les Lleva en una categoría en sí misma. No es un colectivo homogéneo, hay mucha diversidad. Hay chicos que vienen de ciudad, otros de campo, hay con formación y otros no.... Y es importante que seamos conscientes de eso.

—Por qué considera el caso de Santa Coloma de Queralt un ejemplo tan relevante?

—Santa Coloma de Queralt es un ejemplo respecto de la acción comunitaria que hacen los mismos chicos inmigrantes dentro de la localidad. Acciones de voluntariado, con las personas mayores, de apoyo...

—Por qué se ha conseguido su integración, pues?

—De hecho, su inclusión. Nuestra preocupación como departamento no es únicamente la primera acogida de emergencia de estos jóvenes. Va mucho más allá. Se trata de conseguir su inclusión. Donde tenemos ademán el foco de manera especial está en la posterior emancipación, una vez alcanzan una edad que lo permite. Es decir, que cuando salgan del sistema de protección, estén empoderados y no sean tan vulnerables. En este sentido, una muestra de prácticas para la integración, que tenemos aquí al lado, es el proyecto que hemos emprendido conjuntamente con el departamento de Educación en el Complejo Educativo en torno a un centro de nuevas oportunidades específico.

—La emancipación es el objetivo final a alcanzar a nivel asistencial?

—Es donde hemos metido el cuerno y es el fondo del trabajo que se ha hecho conjuntamente con las entidades, con los colegios profesionales, con los sindicatos, con las entidades municipalistas y los diversos departamentos de la Generalitat para hacer la Estrategia catalana para la acogida y la inclusión de los niños y jóvenes emigrados solos. Nuestra voluntad es no dejarlos solos cuando se produce esta emancipación.

—A diferencia del año 2000, ahora nos están llegando más adolescentes, al límite de la edad de mayoría de edad?

—Los perfiles de edades están muy concentrados entre los 15 y los 17 años. Cataluña, junto con el País Vasco, somos los dos únicos territorios en el Estado donde existen programas específicos para los chicos tutelados, para cuando salen del sistema de protección. Y de eso estamos orgullosos, porque, repito, es muy importante que estos jóvenes, cuando salgan del sistema, no sean vulnerables y puedan salir adelante. Evidentemente, también hay problemas. Hay muchas variables que nosotros, la administración catalana, no podemos controlar. Ahora mismo, por ejemplo, estamos en una media de 10 meses para la conclusión de proceso de regularización administrativa de estos jóvenes.

—Es decir, lo que más coloquialmente se dice «poder tener papeles»?

— Sí, y eso es kafkiano, porque acaba generando que, dependiendo de cuál es la edad de entrada del joven en el sistema de protección, puede acabar saliendo sin haber regularizado su situación administrativa. Eso no tiene sentido. Si ya está dentro del sistema de protección, no puede ser que la administración estatal le añada otro elemento de vulnerabilidad, como es estar sin regularizar. En este sentido, además, y eso también depende del Estado, poder disponer de papeles no tiene que ser tan sólo el permiso de residencia. Tiene que ser el permiso inicial de trabajo. La legislación permite trabajar a partir de los 16 años con la autorización de un tutor. ¿Por qué, entonces, estos chicos que han venido a ganarse la vida, no pueden disponer de este permiso?

—Cómo controlan el número de jóvenes que llegan a Cataluña?

—Esta es una variable que no controlamos. No hay transparencia en torno a la información respecto de los chicos que llegan a Cataluña. Nosotros no somos un país de frontera ni de costa donde llega la inmigración, y por eso reivindicamos que el Estado sea más transparente sobre la llegada de inmigrantes, porque eso nos ayudará en nuestra planificación. Nosotros asumimos plenamente todas las responsabilidades que nos corresponden, pero ¡ayudémonos entre todos! Y otro reclamo que le hacemos al gobierno central es que, ya que nosotros hacemos la acogida y la inclusión de estos jóvenes, no puede ser que el Estado se quede los fondos europeos que van destinados a la inmigración. El Estado no se encarga de la acogida y la inclusión; eso lo está haciendo la Generalitat y los ayuntamientos. Es evidente que ante un problema tan global, hace falta más coordinación.

—Ahora que hablaba de información. El Ayuntamiento de Altafulla se quejó cuando ‘aparecieron’ jóvenes inmigrantes en el albergue local y no estaba informado.

—Ante una situación de emergencia, desde la Generalitat asumimos la necesidad de actuar utilizando recursos de muchos departamentos. Uno de estos recursos fueron los de los albergues. Y con la voluntad de no segregar, actuamos en una situación en que había que hacerlo. Aparte de la cuestión de la falta de información, Ciudadanos, en el caso de Altafulla, criticó que pusiéramos a los jóvenes en un albergue. Y eso es segregación. No puede ser que se quiera que la Generalitat haga la acogida, pero no «ver» los, a estos jóvenes. Eso no lo haremos. Puedo entender que los ayuntamientos nos dijeran que los avisamos con poco tiempo de margen, pero es que a nosotros tampoco nadie nos avisa cuando llegan.

—Todavía estamos en una situación de emergencia con respecto a la llegada de menores?

—Ahora estamos en mejores condiciones para abordarlo, pero la situación sigue siendo muy compleja. No sería honesto si no lo dijera. Eso está pasando en otros territorios del Estado y al resto de Europa. Pero definitivamente estamos en mejores condiciones para afrontarlo que hace unos meses. Sólo este pasado mes de enero hemos conseguido generar más de 100 plazas nuevas.

—Cuál es, en cifras, la situación de los Mena en las comarcas de Tarragona?

—Actualmente estamos atendiendo a unos 375 jóvenes inmigrantes en esta situación. Trabajamos para incrementar el número de plazas de acogida. Pero no tan sólo se trata de abrir centros, sino que hace falta que en torno a estas plazas, haya toda una serie de recursos comunitarios. En Tarragona tiene que haber un centro de acogida de emergencia, pero el incremento de plazas también se consigue en el proceso bisiesto hacia los pisos para la emancipación. Eso va liberando plazas en los centros que ya tenemos. La solución en ningún caso puede ser ir creando nuevas infraestructuras de acogida de manera indefinida. Hace falta que estos jóvenes pasen por todo un itinerario que culmine en estos pisos de emancipación, que en algunos casos son para jóvenes a partir de los 16 años.

—Y disponen de bastantes pisos de estas características para atender la demanda?

—Estamos generando. Nos faltarán en todas partes. Pero al menos ya estamos trabajando con una perspectiva a meses vista. Con todo, hay que tener en cuenta que nunca sabremos cuántos chicos nos irán llegando.

— Otra de las posibilidades que se ha planteado es la de las familias de acogida, pero hay que imaginar que por la edad de estos menores, puede ser una inserción mucho más complicada.

—Es más complicado, pero lo estamos trabajando. El pasado mes de enero, precisamente en Tarragona, se hizo un encuentro para plantear la posibilidad de abrir la acogida en entorno familiar. Lo tenemos en cuenta para los perfiles más «fáciles», de los más jóvenes. Un ámbito familiar es, sin duda, la mejor respuesta, cuando es posible. Además, estamos intentando abrir todas las vías posibles: lo hemos hecho a las personas interesadas en hacer acogidas familiares, pero también a aquellas que ya han actuado como mentores o acogidas de fin de semana. De todos modos, todavía es muy pronto para saber qué casos podemos atender en Tarragona en este ámbito.

—Hablamos de la Ley de Dependencia. Hay mucha gente que todavía no se ha podido acoger, ni recibir ayudas por falta de valoración. ¿Cómo piensan solucionar las listas de espera que existen?

—Estaría bien que algunos que a menudo hablan de la ley con tanta profundidad, algún día cumplan lo que les corresponde. La Ley de Dependencia dice que la financiación es 50% del Estado y 50% las comunidades. Si el Estado hiciera la aportación que le corresponde significaría una aportación de 700 millones de euros. Pues en la propuesta de presupuestos estatales hay un incremento de la partida correspondiente de 500 millones de euros, para todo el Estado. Se trata de una ley que se impulsó desde el Estado, pero que no cumplen.

—Pero que se hace desde la Generalitat para poner remedio?

—Con las herramientas que tenemos, ejercemos nuestras responsabilidades. Esta misma semana hemos presentado un plan de choque para intentar reducir las listas de espera de las valoraciones de 5 a 3 meses. También estamos trabajando para conseguir que sean los mismos equipos de valoración para dependencia y los de las personas con discapacidad los que puedan hacer las valoraciones, aunque hay algún impedimento legal que habrá que resolver. Otro apartado es el incremento de plazas públicas residenciales. En el caso de Tarragona, por ejemplo, a finales de este mes de febrero está previsto que se inicien las obras en la residencia de Mercè.

—Si hablamos de las plazas a las residencias, también hay listas de espera...

—Las hemos reducido. En estos dos últimos años hemos generado 3.500 nuevas plazas. En cuanto a las listas de espera, hay que tener en cuenta algunos aspectos que permiten afinarlas de manera más real. Hay, por ejemplo, aquellas personas que, cuando les ofreces plaza, no la quieren. No lo aceptan porque no es la que habían escogido como primera opción o porque, y eso es muy normal, su prioridad es envejecer en casa. Y no pasa nada, es normal que así sea. En el caso de las comarcas de Tarragona, hay 357 personas que han renunciado, una vez o más, en una plaza de residencia cuando se les ha ofrecido. Eso, por otra parte, también demuestra acertada la apuesta que hemos hecho. Consideramos que la respuesta al envejecimiento no tiene que ser, únicamente, una plaza de residencia. También hay que ofrecer la posibilidad de disponer de servicios de atención domiciliaria. Para las personas mayores, en nuestro país, su primera opción es envejecer en su casa, en su entorno, lo que denominamos envejecimiento kilómetro cero. Y está en eso en el que siguieron incidiendo.

—Hasta qué punto es importante la oferta privada de plazas residenciales para reducir las listas de espera? ¿Las plazas privadas no están, económicamente, fuera del alcance del alcance de mucha gente?

—En los últimos dos años hemos incrementado un 25% las denominadas PEV, que son las Prestaciones Económicas Vinculadas. Estas aportaciones permiten al receptor pagar una parte de la plaza privada. Eso también forma parte de las soluciones que tenemos que buscar. Otra vía para mejorar la disponibilidad es llegar a compromisos con ayuntamientos que quieren sacar adelante nuevas residencias y nosotros nos comprometemos en la concertación de plazas.

—La reducción de las listas no choca, además, con el progresivo envejecimiento de la población?

—Siempre hay que trabajar para reducirlas. La consellera Bassa, cuando accedió al cargo, se encontró a 25.000 personas en las listas de espera en Cataluña. Cuando yo llegué, ya eran 17.000. Tenemos que seguir haciendo trabajo. Y el reto no será tan sólo aumentar las plazas residenciales, sino también los pisos tutelados, o las asistencias domiciliarias. Actualmente en Cataluña hay un millón y medio de personas de más de 65 años y los cálculos son que, en el plazo de 40 años, estará el doble.

—Cuál es la situación en las comarcas de Tarragona con respecto a las listas de espera en las residencias de personas mayores?

—Hay una lista de espera de 1.647 personas, pero de estas, hay 472 que se encuentran en una residencia de segunda opción y otros 350 que reciben las PEV y se encuentran en residencias privadas. Y todavía hay que añadir a las 344 personas que en unas o más ocasiones han renunciado a una plaza. En todos estos casos se mantienen apuntadas en las listas de espera porque no han conseguido aquello que pedían en primera opción, no para que no estén atendidas. Eso representa que, en realidad, la lista de personas que está pendiente de poder disponer de una plaza es de cerca de 500 al conjunto de las comarcas tarraconenses.

—Muchas de las políticas de su departamento dependen de la disponibilidad económica. ¿Hasta qué punto es importante poder aprobar los presupuestos de la Generalitat que ahora están negociando?

—El nuestro es el segundo departamento que más crece porcentualmente en la previsión de los presupuestos, por encima del 9%. La apuesta de este Gobierno por las políticas sociales es clarísima y tenemos la voluntad de seguir negociando con el resto de fuerzas. Estoy seguro de que al final entre todos acabaremos pactándolos. Porque este presupuesto responde a las necesidades de las personas. Y si las tenemos como prioridad, las personas, nos pondremos de acuerdo. Saldremos adelante.