Las pruebas de edad expulsan del sistema a los menores no acompañados

Un joven de Ghana que respòn al nombre de M. llegó a España hace un año y medio procedente de Ghana cuando tenía 16 años. No llevaba documentación y una prueba de edad hecha en la fiscalía determinó que era mayor de edad. Aunque el chico consiguió un pasaporte de su país acreditando que era menor, la subdelegación del Gobierno español asegura que Mohammed era mayor de edad cuando llegó a España. Como consecuencia, el chico no se puede acoger a los beneficios y los programas educativos de los jóvenes extutelats, su situación es irregular y puede ser expulsado del país y tampoco tiene permiso de residencia.

M. cumplió hace pocos meses 18 años. Vive en un piso de Tarragona gestionado por la Associació Egueiro que acoge a menores extranjeros no acompañados (MENA) y jóvenes extutelados a través de un programa financiado por la Generalitat. A pesar de tener la mayoría de edad, no se puede acoger a las ayudas económicas que sí reciben los jóvenes extutelats. Egueiro se hace cargo de este joven con los recursos propios de la entidad. «Lo mantenemos», explica Jaume Vilanova, director de Egueiro. El Gobierno español acostumbra a aceptar sin problemas los pasaportes marroquíes, pero da poca fiabilidad en países como Ghana y el Senegal. Vilanova lo atribuye a la presencia de traficantes. Él y Mohammed fueron hasta Madrid con la partida de nacimiento para solicitar el pasaporte del chico a la embajada de Ghana. Pocas semanas después, con el pasaporte en la mano, la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat, que tiene la tutela de los menores de edad, emitió una resolución asegurando que Mohamed era menor de edad. Sin embargo, el pasado 8 de febrero, la Subdelegación del Gobierno español desestimaba un recurso del chico para acreditar que era menor de edad cuando llegó a España. De esta manera, para la administración prevalece la decisión de la fiscalía por encima del pasaporte.

«En los casos de duda son menores. La ley del menor dice que se lo tiene que proteger», asegura la abogada experta en extranjería Maite Jiménez. Vilanova lamenta que la administración «dé más importancia» la prueba de edad de la Fiscalía que el mismo documento expedido por la embajada ghaneana.

Cuando la policía detecta a un menor indocumentado en las calles lo pone a disposición de la fiscalía donde se le hace una prueba de edad que consiste en una radiografía de la muñeca y de la mandíbula. La comunidad científica desconfía de estas pruebas y el Síndic de Greuges afirma que tienen un margen de error de 1,7 años y que pueden vulnerar los derechos de los menores.

Vilanova destaca y lamenta las consecuencias de no tener permiso de residencia. M. no puede buscar trabajo ni matricularse en ningún estudio reglado. De momento, hace cursos de catalán y castellano y participa en talleres ocupacionales de Egueiro de carpintería y mecánica. Si el Gobierno español tumba un segundo recurso de Jiménez, M. tendrá que esperar hasta un año para que el juez decida si el chico era menor de edad cuando llegaba a España. «La Administración está creando una bolsa de irregulares sobrevenidos», apunta Jiménez.

Sentencias del Supremo

El abogado Albert Parés está especializado en defender chicos inmigrantes menores de edad alejados del sistema de protección de la administración a causa de la prueba de edad de la fiscalía. Parés consiguió en 2014 que el Tribunal Supremo le diera la razón en un primer caso de un chico que contaba con pasaporte que acreditaba que era menor. En los últimos años ha ganado decenas de casos parecidos. Sólo en el 2018 Parés, recibió 10 casos nuevos.

En las sentencias, el Supremo asegura que, si el inmigrante tiene un pasaporte de donde se desprende su minoría de edad, «no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de edad». La justicia añade que, si existe un pasaporte «válido», la realización de estas pruebas no se puede cuestionar sin una «justificación razonable». Parés destaca que ha ganado todos los juicios relacionados con menores extranjeros no acompañados con pasaporte.

El Síndic critica las pruebas de edad de la fiscalía

El Síndic de Greuges ha recibido numerosas quejas contra las pruebas de edad que realiza en fiscalía por la «falta de pruebas y por déficits en el ejercicio de la función protectora por parte de la Administración». El Síndic considera que esta falta de garantías viene determinada por los «problemas de fiabilidad» de las pruebas. El organismo independiente argumenta que no se llevan a cabo las suficientes comprobaciones por parte del Gobierno español para determinar la validez de los pasaportes. También critica la ausencia de abogados que presencien estas pruebas y acompañen el menor.