Tarragona recibió 186 peticiones de asilo en 2018, el doble que en 2017

Tarragona recibió el año pasado 186 peticiones de asilo, casi el doble que las 106 de 2017. Son ciudadanos perseguidos por razones políticas y que ven peligrar su vida en sus países de origen y piden protección internacional en España. En los últimos años las peticiones de los ciudadanos venezolanos se ha disparado a causa de la crisis social y política que vive el país, agravada hace un mes cuando el presidente del Parlamento, Juan Guaidó se proclamó presidente del gobierno.

La oficina de Cruz Roja en la ciudad atendió a 92 venezolanos que buscan la protección del Gobierno español y entró en el Programa Estatal de Acogida Temporal para Solicitantes de Asilo. En 2017 la ciudad recibió 41 peticiones de asilo del país latinoamericano. La decisión de aceptar o no la petición de asilo recae en el Ministerio del Interior, que en 2017 rechazó dos de cada tres peticiones. España recibió aquel año 31.120 solicitudes, más del doble que en 2016. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunciaba que Interior sólo resolvió 13.350 peticiones, dos tercios de los cuales fueron denegadas.

Rodolfo Baffa llegó a Barcelona el 1 de marzo de 2018 procedente de Venezuela por la «inseguridad» y la situación económica del país. Este médico de 28 años trabaja en una empresa con sede en Tarragona. La segunda nacionalidad en cuanto a peticiones de asilo más numerosa es la colombiana. Tarragona recibió 56 solicitudes de ciudadanos de este país. El 2017 recibió 13. De Ucrania pidieron protección 14 ciudadanos, 9 de Honduras y 7 de Rusia. El resto de peticiones fueron de ciudadanos procedentes del Salvador, Afganistán, República Dominicana y Marruecos.

Baffa explica que ha pedido el asilo para «ganar tiempo», ya que durante el tiempo que espera la resolución puede pedir permiso de residencia y trabajo en España. «La mayoría de peticiones se deniegan», explica. Cuando se cumple el tiempo de espera, que acostumbra a ser de unos dos años y medio, el solicitante puede pedir el arraigao social.

Si el Estado concede a estas personas el derecho el asilo se convierten en refugiados. Se define a estas personas como aquellas que tienen un temor fundado a ser perseguidas en su país por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a un determinado grupo social, de género u orientación sexual.

El programa estatal de ayudas tiene una duración de entre 18 y 24 meses. El gobierno español tarda entre 6 y 8 meses en resolver si la da o no. La plaza puede aparecer en cualquier punto del Estado y la persona tiene que decidir si lo acepta y se traslada al destino indicado o la rechaza y sigue viviendo allí donde esté con sus propios medios. Mientras tanto, en casos de extrema vulnerabilidad y en función de la situación personal, Cruz Roja otorga ayudas con recursos propios. El programa de acogida temporal garantiza el alojamiento y la alimentación y la entidad ayuda al solicitante a integrarse en la sociedad a través de cursos para aprender el idioma y la búsqueda de trabajo. La gestión para pedir el asilo se hace, en primer lugar, a Cruz Roja. Después, los interesados tienen que ir a la policía a pedir cita para que los agentes realicen una primera entrevista para identificarlos e iniciar los trámites.

En 2017 España acumulaba 38.880 solicitudes pendientes. Una de cada tres (13.425) proceden de Venezuela, 4.095 de Ucrania, 2.895 de Colombia y 2.460 de Siria. Durante los dos años y medio que el gobierno español tarda en responder la solicitud de asilo, las ayudas se acostumbran a agotar. Así, la ayuda se agota antes de que Interior tome una decisión propia sobre el asilo.