El propietario del Iot tiene ocho días para devolver la posesión del inmueble a la Generalitat
En caso de incumplimiento se pueden interponer multas coercitivas de hasta el 5% del valor del espacio
El propietario del restaurante Iot de Tarragona, ubicada en un edificio de la playa Llarga, tiene ocho días hábiles para devolver la posesión del inmueble a la Generalitat, según recoge el DOGC de este lunes. Fuentes del Govern han confirmado que el anuncio se publica después de dos intentos infructuosos de notificar al propietario la resolución de desahucio administrativo para recuperar la posesión y poder sacar su explotación a concurso público. De acuerdo con la normativa en materia de patrimonio, el incumplimiento puede comportar multas coercitivas de hasta el 5% del valor del inmueble. El otro restaurante que había en el edificio, el Tòful de Mar, cerró el 14 de diciembre y el Govern ya ha sacado su explotación a concurso.
En mayo de 2015 la Generalitat autorizó un permiso de ocupación temporal por un máximo de tres años a los propietarios del Tòful de Mar y a los del Iot. En el momento de agotarse, se les prorrogó el permiso hasta noviembre del 2018. Mientras que las instalaciones del Tòful de Mar pasaron a manos de la administración el diciembre pasado, los responsables del Iot todavía no han dejado el inmueble y siguen desarrollando su actividad a pesar de no disponer de título jurídico.
Ante eso, el Departamento de Vicepresidencia y de Economía y Hacienda incoó un expediente patrimonial de desahucio administrativo para recuperar la posesión y poder sacar su explotación a concurso público. Después de dos intentos de notificación infructuosos, el anuncio publicado este lunes en el DOGC mujer un plazo de ocho días hábiles al propietario para devolver la posesión a la administración.
A su vez, hace un mes el ejecutivo sacó a concurso, a través de licitación pública, la explotación del servicio de bar-restaurante durante diez años en el espacio de cerca de 700 metros cuadrados que ocupaba el Tòful de Mar. La nueva concesión parte de un canon mínimo de poco más de 34.000 euros anuales sin impuestos y mejorable al alza en las ofertas.