Un juez de Tarragona investiga supuestas irregularidades en las elecciones de Mossos

El decreto del 2003, modificado en el 2007, que regula el voto por correo en estas elecciones establece que se tiene que hacer la solicitud «personalmente con la exhibición del correspondiente documento acreditativo de la identidad delante de las personas funcionarias de los servicios de administración debidamente habilitadas por esta función en cada dependencia policial». Además, añade que el funcionario habilitado «comprobará los datos personales y la coincidencia de la firma en el documento de solicitud del voto por correo (matriz y resguardo) y en el documento que se exhiba acreditativo de la identidad, y firmará en conformidad tanto en la matriz como en el resguardo del documento de solicitud».

La querella inicial se presentó a finales de febrero en Tarragona, porque fue en esta comisaría donde se detectaron las primeras irregularidades, como por ejemplo que un solo delegado sindical había presentado varias solicitudes de voto de mossos de Barcelona y el Vallès. No obstante, más tarde se amplió la querella por sospechas en otras comisarías, y el juzgado de Tarragona ha ampliado este viernes pasado la investigación en toda Cataluña. Por eso, el juzgado ha ordenado a la Mesa Electoral Coordinadora (MEC) y a la Dirección General de la Policía que se conserven todas las solicitudes de voto por correo de las elecciones y se pongan a disposición judicial, cerca de 5.000 según Uspac. Además, también obliga a hacer un recuento aparte del voto por correo para que si finalmente se anula, no se invaliden todos los resultados.

El sindicato Uspac recuerda a sus compañeros que como policías tienen la obligación de colaborar y poner en conocimiento de la autoridad judicial o policial si alguien ha entregado la solicitud de voto por correo a los delegados del SAP-Fepol sin después identificarse personalmente ante la administración.

Por su parte, el magistrado del juzgado contencioso-administrativo número 14 de Barcelona ha atendido parcialmente el recurso de los sindicatos SPC, SME y CAT-ME contra el Departamento de Interior, en el cual solicitaban anular un millar de votos por correo, al menos 996, recogidos entre el 11 y el 18 de enero, cuando todavía se desconocía oficialmente la fecha de las elecciones y no se había constituido la MEC.

En un auto, en el cual ha tenido acceso ACN, el juez recuerda que la ley prevé que el voto por correo sea excepcional, y sólo para aquellos agentes que el día de las elecciones no trabajen. Los que sí que trabajan podrán votar presencialmente en varias comisarías de la mañana por la noche. Por eso, el juez considera que los votos emitidos antes de fijarse oficialmente la fecha de las elecciones podrían no ser válidos, ya que todavía no podían saber si este lunes 11 de marzo les tocaba trabajar.

Por todo eso, el auto ordena que los votos por correo emitidos antes del 18 de enero no se unan al resto de votos, se comprobará si algunos de estos coinciden con los votos emitidos presencialmente por los mismos agentes, cosa que supondrá anular el voto por correo correspondiente. Los votos por correo no eliminados se recontarán el miércoles que viene por separado y entonces se incorporarán al escrutinio final haciendo constar que son votos por correo, aunque el orden del juez de instrucción de Tarragona puede pasar por encima de esta decisión del juez de Barcelona.

Los sindicatos demandantes se quejan de que este sistema ya fue polémico en las elecciones del 2015 y acusan al sindicato mayoritario, SAP-Fepol, de ser el principal impulsor.