Interior paraliza el recuento del voto por correo de las elecciones sindicales de Mossos por orden judicial

La Dirección General de la Policía de la Generalitat ha paralizado el recuento del voto por correo a las elecciones sindicales de los Mossos d'Esquadra por orden de un juez instructor de Tarragona que investiga supuestas irregularidades. El voto por correo se tenía que contabilizar por separado, según un juzgado contencioso-administrativo de Barcelona, o contabilizar parcialmente, según el juez penal de Tarragona, pero Interior decidió empezar el recuento este miércoles por la mañana. Una petición de ampliación de medidas cautelares urgentes del sindicato USPAC, que presentó la querella contra varios sindicalistas del SAP-Fepol y funcionarios, ha hecho que el juez haya ordenado en Interior paralizar totalmente el recuento.

Por todo eso, de momento, los cerca de 5.000 votos por correo no se contabilizarán, y por eso los resultados oficiales para el Consejo de la Policía todavía no se harán públicos. De momento, los resultados de los 7.741 votos presenciales en la escala básica dan la victoria a USPAC, con 2.191 votos y cuatro vocales, la Trisindical con 2.087 votos y también cuatro vocales, y a SAP-Fepol con 2.054 votos y tres vocales. El sindicato independentista SegCat ha quedado cuarto, con 517 votos, y por primera vez obtendría representación en el Consejo de la Policía, con un vocal. CCOO, SAME, CSIF y Unió Mossos no han pasado el corte del 5%.

El juzgado de instrucción número 2 de Tarragona investiga varios funcionarios de la Consejería de Interior y sindicalistas de los Mossos d'Esquadra por posibles irregularidades en el voto por correo de las elecciones del cuerpo de este lunes. Según el juez, hay indicios que apuntan que algunas solicitudes de voto por correo fueron presentadas por delegados sindicales y aceptadas por funcionarios, aunque la ley obliga a los electores a presentar las solicitudes personalmente. Por eso, ha ordenado conservar las peticiones de voto por correo y recontar todos los voto por correo aparte del presencial, por si finalmente los primeros son anulados.

El juzgado tarraconense decidió, en dos autos, investigar varios funcionarios de la Dirección General de la Policía y algunos delegados del sindicato mayoritario SAP-Fepol de toda Cataluña por|para delitos de falsedad documental. Según el sindicato querellante, USPAC, delegados del SAP-Fepol, y «no se descarta» que también del SEIME y SICME, de la escala intermedia y la escala superior, habrían tramitado ellos mismos las solicitudes de voto por correo de miles de agentes, con la «connivencia» de funcionarios de Interior, que «habrían validado, firmado y sellado la matriz y el resguardo del voto por correo como si se hubiera presentado personalmente el elector» delante de los funcionarios. Eso podría suponer, por ejemplo, que los delegados sindicales no devolvieran el resguardo a los electores, e hicieran lo que quisieran con aquella solicitud de voto.

El decreto del 2003, modificado en el 2007, que regula el voto por correo en estas elecciones establece que se tiene que hacer la solicitud «personalmente con la exhibición del correspondiente documento acreditativo de la identidad delante de las personas funcionarias de los servicios de administración debidamente habilitadas por esta función en cada dependencia policial». Además, añade que el funcionario habilitado «comprobará los datos personales y la coincidencia de la firma en el documento de solicitud del voto por correo (matriz y resguardo) y en el documento que se exhiba acreditativo de la identidad, y firmará en conformidad tanto en la matriz como en el resguardo del documento de solicitud».

La querella inicial se presentó a finales de febrero en Tarragona, porque estuvo en esta comisaría donde se detectaron las primeras irregularidades, como por ejemplo que un solo delegado sindical había presentado varias solicitudes de voto de mossos de Barcelona y el Vallès. No obstante, más tarde se amplió la querella por sospechas en otras comisarías, y el juzgado de Tarragona ha ampliado este viernes pasado la investigación en toda Cataluña. Por eso, el juzgado ha ordenado a la Mesa Electoral Coordinadora (MEC) y a la Dirección General de la Policía que se conserven todas las solicitudes de voto por correo de las elecciones y se pongan a disposición judicial, cerca de 5.000 según USPAC.

Por su parte, el magistrado del juzgado contencioso-administrativo número 14 de Barcelona atendió parcialmente el recurso de los sindicatos SPC, SME y CAT-ME, la Trisindical, contra el Departament d'Interior, en el cual solicitaban anular un millar de votos por correo, al menos 996, recogidos entre el 11 y el 18 de enero, cuando todavía se desconocía oficialmente la fecha de las elecciones y no se había constituido la MEC.

En un auto el juez recuerda que la ley prevé que el voto por correo sea excepcional, y sólo para aquellos agentes que el día de las elecciones no trabajen. Los que sí que trabajan podrán votar presencialmente en varias comisarías de la mañana por la noche. Por eso, el juez considera que los votos emitidos antes de fijarse oficialmente la fecha de las elecciones podrían no ser válidos, ya que todavía no podían saber si este lunes 11 de marzo les tocaba trabajar.

Por todo eso, el auto ordena que los votos por correo emitidos antes del 18 de enero no se unan al resto de votos, se comprobará si algunos de estos coinciden con los votos emitidos presencialmente por los mismos agentes, cosa que supondrá anular el voto por correo correspondiente. Los sindicatos demandantes se quejan de que este sistema ya fue polémico en las elecciones del 2015 y acusan al sindicato mayoritario, SAP-Fepol, de ser el principal impulsor.