El Ayuntamiento de Tarragona identifica 188 pisos ocupados ilegalmente
La mayoría son propiedad de entidades financieras, con quienes el consistorio admite «dificultades» de relación
El Ayuntamiento de Tarragona ha identificado 188 pisos ocupados ilegalmente por todo el municipio, de los cuales 44 son propiedad de particulares y el resto pertenecen a entidades financieras. Según ha explicado el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Javier Villamayor, 86 de estos casos ya están resueltos -ya sea porque se ha llegado a un pacto con los inquilinos o porque se los ha desahuciado- y en nueve casos más se ha acordado un alquiler social. El gobierno municipal ha destacado que el problema está «estabilizado» y que se ha mejorado la coordinación de Guardia Urbana y Servicios Sociales para procurar soluciones para los ocupas y evitar que, simplemente, se trasladen a otro piso ocupado.
En la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad, tanto el concejal como el intendente mayor de la Guardia Urbana, Enrique Fernández Ferreira, han admitido las dificultades existentes a la hora de identificar las entidades financieras que tienen la titularidad de estos inmuebles. En algunos casos, han dicho, la relación es poco fluida por la existencia de de intermediarios que gestionan estos parques de viviendas. Una de las tareas de la policía es «concienciar» de la importancia que los propietarios denuncien los hechos para que se pueda iniciar la acción judicial, según ha dicho el jefe de la Guardia Urbana.
Las reuniones con la comunidad y los canales de comunicación directa con los vecinos son la principal fuente de conocimiento de ocupaciones ilegales. Los 188 casos se han detectado por todo el municipio, con una incidencia más relevante en los barrios de Ponent, Sant Salvador y en el mismo centro de la ciudad. También se han evitado dieciséis intentos de volver a ocupar viviendas donde ya se había actuado, por lo cual también se tapian accesos o se instalan puertas blindadas.
Villamayor ha destacado la apuesta por una mejor coordinación entre cuerpos policiales y Servicios Sociales, como es el caso de la mesa transversal que se ha creado para abordar el caso de un bloque de la calle de Sant Andreu, en el Serrallo, donde actualmente hay once pisos ocupados. El teniente de alcalde ha dicho que, especialmente cuando hay menores, se prioriza el diálogo o la mediación con las familias ocupas y se evita el corte de suministros.
En paralelo, en el último pleno municipal el concejal de Territori, Josep Maria Milà, adelantó que el Ayuntamiento prevé sancionar tres entidades bancarias con pisos vacíos por no haber respondido los requerimientos del consistorio. Según Milà, habría una sesentena de inmuebles de entidades financieras en condiciones de «ser alquilados y habitados».