Los independentistas censuran el plan urbanístico en el pleno extraordinario

En el pleno extraordinario de ayer se aprobaban cuestiones técnicas del Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) como la modificación de «la agenda económica», es decir, demostrar que las inversiones del Ayuntamiento a la hora de planificar la ciudad siguen siendo viables, pero el plenario sirvió para que afloraran de nuevo las posturas a favor y en contra de los partidos en relación al POUM.

El pleno aprobó la modificación del número de viviendas que se construirán en el Mas d'en Sorder, que finalmente serán 237 pisos bajos de una y dos plantas en el norte del campo de golf Costa Daurada. La portavoz de la CUP, Laia Estrada, la más enérgica en la oposición al plan, señaló que la construcción de estas futuras viviendas «es uno de los ejemplos que mejor ilustra esta manera de planificar la ciudad que no tiene que ver con garantizar el derecho a la vivienda sino con los intereses especulativos de la vivienda». La concejala anticapitalista cree que la gente que necesita un piso «no necesita casitas unifamiliares o plurifamiliares de dos plantas al lado del campo de golf» que, además, no «cohesionan», a causa de su lejanía respecto el centro de la ciudad.

El portavoz del PDeCAT, Dídac Nadal, quiso «discrepar sensiblemente» con Estrada y afirmó que el consistorio ha redactado un documento «para salvar» el POUM. Nadal, que se abstuvo en la votación, cree que el plan corre el riesgo de ser anulado a causa de unos litigios que, dice, podrían invalidar el documento de viabilidad económica del POUM.

Desde de ERC, Xavi Puig afirmó que las viviendas en Mas d'En Sorder son buenas «para los dueños del monopolio pero malos para los tarraconenses y para un centro cada vez más vacío y unos barrios más desconectados». «Se trata de un documento gestado al amparo de los valores dominantes durante el ciclo alcista de la burbuja inmobiliaria», se justificó Puig, después de votar en contra de este punto del día. El concejal de Urbanisme Josep Maria Milà explica que el estudio económico del plan se elaboró durante la época de la burbuja inmobiliaria y que ahora «se ha adaptado a las circunstancias actuales».

Después de escuchar las críticas, el alcalde Josep Fèlix Ballesteros defendió que el documento está avalado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El alcalde socialista explicó que el POUM, aprobado en el 2013, tardó 13 años en elaborarse y que durante su mandato se revisaron muchos aspectos «que eran una barbaridad», como la construcción de 5.000 pisos próximos al Pont del Diable «que se cargaban» la Anilla Verde. El POUM que heredaron los socialistas, continuó, dejaba a 6.000 personas en la calle. Ballesteros añadió que, finalmente, los puntos conflictivos «se resolvieron bien». El alcalde afirmó que el POUM evita que los jóvenes se marchen del centro de la ciudad. Milà recuerda que no habido ninguna alegación al plan y en alusión a las críticas dice que «es más fácil hacer demagogia barata que entrar en el fondo de la cuestión». El plan urbanístico prevé que el promotor de las 237 casas a las edificaciones modernistas de Mas d'en Sorder rehabiliten la masía del siglo XV.

El PSC denuncia la «vulnerabilidad» de las «minorías» a través de una moción

El grupo municipal del PSC presentó ayer una moción, que se debatirá al próximo plenario municipal, para la adhesión de Tarragona al proyecto Ciutats Defensores dels Drets Humans que se celebrará en dos ediciones, en marzo-abril y en octubre de 2019. El texto quiere afirmar el compromiso de la ciudad con los derechos humanos a escala local y a mantener e intensificar las políticas públicas de apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos, tanto a escala local como internacional.

Ante la situación de especial vulnerabilidad que viven determinadas minorías y colectivos y la indefensión que sufren ante las violaciones de sus derechos, el PSC condena la imposición de limitaciones a las actividades de los defensores y defensoras. La moción, a través del punto cinco, exige la inmediata libertad de Abdulhadi Al-Khawaja (Báhrein) e Ilham Tohti (República Popular China), encarcelados por haber denunciado las violaciones de los derechos humanos de sus respectivos gobiernos. La moción también defiende el rechazo de la persecución judicial que sufren las personas y entidades que trabajan para la defensa y garantía de derechos fundamentales, como es el caso de Helena Maleno (participante en el proyecto en el 2015) y Pro Activa Open Arms, entre otros. Para acabar, el texto insta al Gobierno de la Generalitat y el Gobierno del Estado a mantener y ampliar las políticas públicas de apoyo a los defensores y defensoras de derechos humanos a escala internacional.

La concejala de Joventut i Cooperació, Ivana Martínez, recordó Tarragona es «uno de los pocos ayuntamientos que sigue apostando por la cooperación internacional y la cooperación para el desarrollo». Martínez explicó que el consistorio «dedicó más de medio millón de euros el año 2018 y destinará la misma cifra al 2019 para políticas de cooperación acercándose así al 0,7% del presupuesto total, compromiso de los estados miembros».

Ciutats Defensores dels Drets Humans es un projucte conjunto entre el Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo, la Comisión Catalana d'Ajuta en el Regugiat (CEAR), el Institut Català Internacional per la Pau y participan 25 municipios. En clave local, el proyecto ha creado la Xarxa de Ciudtast i Pobles pels Drets Humans impulsada por la Diputación de Barcelona y que cuenta con 134 municipios.