El 15% de guardias civiles de Cataluña se marchan por la «conflictividad» del proceso

La asociación de la Guardia Civil Jucil mantiene que el 15% de la plantilla del cuerpo en Cataluña se ha marchado a otra comunidad autónoma a causa de la «conflictividad» a raíz del referéndum del 1 de octubre. Roberto Sánchez, portavoz de la asociación en Tarragona, aseguraba ayer que a partir de la votación, suspendida por el Tribunal Constitucional, «mucha gente ha decidido irse por las circunstancias familiares y de convivencia a los pueblos».

En la presentación de Jucil (Justícia per la Guàrdia Civil) en Tarragona, que defiende la equiparación salarial del Instituto Armado con el resto de cuerpos policiales como los Mossos d'Esquadra, Sánchez denunció que haya agentes que, según él, quieran marcharse después de vivir toda la vida en Cataluña con su familia. «Cada vez hay más vacantes, se va más gente y vienen menos», explicaba. «Estamos en una zona conflictiva y lo sufrimos. Las mujeres lo sufren a la hora de buscar trabajo y también los niños en las escuelas», señalaba Cristian Eric Marco, secretario general de Jucil. «Tenemos que conseguir que los guardias civiles se sientan a gusto en la ciudad donde trabajan. Eso será beneficioso para la ciudadanía», añadía.

Marco defiende la necesidad de que el cuerpo siga presente en Cataluña y destaca la importancia del trabajo del cuerpo, también entre la ciudadanía contraria a su presencia. «Nuestro futuro también está aquí. Aquí nos quieren y estamos aquí para cubrir la seguridad de todos los ciudadanos, incluido de los que no nos dan apoyo», apuntaba este profesional.

Jucil nació el pasado agosto para defender una equiparación salarial y de condiciones «real» entre todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La asociación, con 60 asociados en Tarragona de un total de 500 efectivos en la provincia, asegura que el año pasado los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones del Instituto Armado firmaron con el gobierno del PP de Mariano Rajoy una «falsa equiparación» que deja de lado a 13.481 guardias civiles de segunda actividad y a la reserva. La organización critica que el acuerdo no resuelva las brechas existentes en relación en las pagas y servicios extraordinarios, las asistencias a juicios, los complementos y las jubilaciones. Según Jucil, mientras un mosso se jubila con una paga de unos 2.200 euros, un guardia civil sólo recibe 1.350.

Un suicidio cada 26 días

Según Jucil, cada 26 días se suicida un Guardia Civil. La entidad denuncia que esta tasa cuadruplica la del resto de cuerpos y fuerzas de seguridad y reclama a la administración medidas para afrontar las causas de esta problemática. Entre otras medidas, propone que las comandancias tengan un armero donde los agentes puedan guardar la pistola reglamentaria. Actualmente, los agentes tienen que llevarse la pistola a casa «con el peligro que eso conlleva para las familias», aseguraba Marco. Jucil también reclama una reestructuración de los sitios de trabajo, más medios materiales y personales, como chalecos antibalas y la derogación del código penal militar. En 1978, la Guardia Civil conservó su naturaleza militar, pero abandonó las Fuerzas Armadas.