Esquerra Republicana propone crear una oficina municipal de derechos civiles en Tarragona
Ricomà quiere que el Ayuntamiento proteja a los tarraconenses en este sentido
Miembros de la candidatura de Esquerra Republicana, ayer, en la plaza Imperial Tàrraco.
El candidato de ERC a la alcaldía de Tarragona Pau Ricomà anuncia la voluntad de su formación de impulsar una oficina municipal de derechos civiles en Tarragona. Ricomà defiende que «el Ayuntamiento tiene que garantizar los derechos civiles de los tarraconenses y proteger a los colectivos que vean vulnerados sus derechos en razón de ideología, género, etnia, religión u orientación sexual».
Ricomà presentó la propuesta de su candidatura en la plaza Imperial Tàrraco, donde se produjeron duras cargas policiales durante el 1 de octubre de 2017. «Estamos en la plaza donde se produjo uno de los episodios más flagrantes que ha vivido Tarragona recientemente de vulneración de derecho político, civiles y humanos», recordaba Ricomà. Acompañado de varios miembros de la candidatura republicana, Pau Ricomà explicó que uno de los objetivos de su propuesta es que «el Ayuntamiento se persone como acusación particular en las denuncias por vulneración de derechos civiles de los tarraconenses, como es el caso de las denuncias ciudadanas por agresiones policiales del 1 de octubre».
El abogado Ramon Setó, miembro de Drets y de Juristes per la República e integrante de la candidatura de ERC, lamentó que «en Tarragona no hubo una respuesta política y de apoyo a las víctimas del 1 de octubre por parte del Ayuntamiento» asegurando que «el Ayuntamiento no puede quedarse al margen de las vulneraciones de los derechos civiles de sus ciudadanos».
La oficina municipal de derechos civiles que propone ERC ofrecería un servicio de orientación y asesoramiento jurídico a las personas que vieran sus derechos civiles vulnerados o que sufrieran agresiones, una tarea que se desarrollaría de forma coordinada con entidades sociales y jurídicas que trabajan para la defensa y la igualdad de derechos. Pau Ricomà destacó la importancia de impulsar una oficina de estas características porque «estamos viviendo momentos de regresión en derechos humanos y políticos y un creciente discurso de odio que se está instalando en algunos sectores de la sociedad. Una auténtica amenaza que se hace patente a través de la represión policial, judicial y las agresiones por motivo ideológico».