La gratuidad del autobús en Tarragona: ¿una propuesta electoralista o un ejemplo a seguir?
La medida estrella del PSC no tiene el aval del resto de partidos ni de la Associació per a la Promoció del Transport Públic
Tarragona se podría convertir en el 2022 en la primera ciudad catalana con el autobús gratuito. Al menos este es el compromiso que el actual alcalde y candidato a la reelección por el PSC, Josep Fèlix Ballesteros, quiere materializar si vuelve a conseguir la alcaldía. De momento, este año se ha aplicado una bonificación del 25% del títulos multiviaje para los empadronados en la ciudad, con la intención de llegar al coste cero dentro de tres años. El resto de formaciones políticas creen que la medida es electoralista y que antes haría falta sanear el EMT, mejorar las rutas y frecuencias de paso, y renovar la flota. La Associació per a la Promoció del Transport Públic también recela del modelo y avisa de que el número de usuarios del autobús no crecerá de forma significativa hasta que no se limite el uso del vehículo privado.
La red de la Empresa Municipal de Transports (EMT) superó los 10 millones de viajeros por primera vez el año pasado. Según estudios elaborados por la compañía, el reclamo del autobús gratuito podría hacer crecer el padrón de la ciudad y el número de usuarios, si se tiene en cuenta la experiencia de ciudades como Tallinn, en Estonia, que ya han implementado el sistema. Hay otros, como París, que lo estudian e, incluso, Luxemburgo ha anunciado la gratuidad en el conjunto del país a partir del 1 de marzo del 2020.
En Tarragona, la gratuidad no está prevista hasta el 2022, según los planes de la actual candidatura socialista. De momento, el descuento del 25% se aplica en la T-Jove, la T-50/45, la T-Tarraco y la T-20/90. El billete sencillo y el resto de tarifas se mantienen congelados. Para beneficiarse, hay que obtener una tarjeta personalizada que cuesta 3,5 euros. Hasta abril, unos 5.500 ciudadanos ya la habían solicitado.
El gerente de la EMT, Néstor Cañete, admitía en enero que la gratuidad total del servicio sería inviable sin una renovación de la flota -muy envejecida- y mejoras de organización de las líneas. En el 2018, la aportación de recursos municipales a la EMT era de 9,2 MEUR, mientras que se recaudaban 5,5 MEUR en billetes. Con la gratuidad, se estima que el déficit de explotación crezca en unos 2 MEUR. La empresa, sin embargo, insiste en que este repunte se compensará con ahorros del servicio -en combustible, por ejemplo- y con el hecho de que ya se ha liquidado el renting de hace 20 años que suponía un coste de 1,8 MEUR anuales.
Al mismo tiempo, el PSC quiere impulsar la nueva estación central de Battestini, que permitirá reorganizar las líneas, un gran ahorro económico y una mayor agilidad y mejora en el servicio, según la candidatura. La reforma de la movilidad urbana se completará, según sus planes, con nuevos aparcamientos disuasivos en los accesos a Tarragona, así como con la creación de carriles exclusivos para autobuses y taxis en vías como la avenida Roma.
Ningún otro partido compra la propuesta de Ballesteros
Cuando confirmó que volvería a optar a la alcaldía, a final de septiembre pasado, Ballesteros anunció su promesa estrella: «transporte público totalmente gratuito». Posteriormente, en la conferencia sobre el estado de la ciudad, detalló que la medida se aplicaría de forma progresiva durante el mandato. En enero el plenario aprobó el primer descuento de un 25% con el apoyo del PSC, del PP, CS, PDeCAT, UpA y de la concejala no adscrita, Beatriz Pérez. ERC, la CUP e ICV-EUiA votaron en contra.
El alcalde y candidato del PSC, Josep Fèlix Ballesteros, defiende que el proyecto «económicamente es perfectamente asumible y socialmente es una gran apuesta por la equidad». También, dice, convertirá el autobús en una «herramienta de cohesión» de los barrios con el centro. Además, el alcalde dice que muchas ciudades como Málaga, Santander y algunas catalanas analizan al modelo para intentarlo copiar. «Es una propuesta que hará de mancha de aceite, como cuándo fuimos pioneros en la gratuidad para los jubilados o para los niños de escolarización obligatoria», añade.
El candidato de Cs, Rubén Viñuales, cree que la medida es electoralista y ha sido «poco meditada». El portavoz del partido cree que «no es el camino» a seguir porque la EMT tiene «entre ocho y nueve millones de euros de déficit», los trabajadores «hace no demasiado estaban de huelga» y la flota tiene una media de antigüedad de más de quince años. Viñuales apuesta por renovarla, por aumentar algunas líneas y por mantener la rebaja ya aplicada, sin ir más allá. Al mismo tiempo, cree que los ciudadanos de Altafulla y la Canonja, que también reciben servicio de la EMT, se tendrían que poder beneficiar.
Desde de ERC, el cabeza de lista, Pau Ricomà, coincide en que la medida es electoralista y que nadie se la cree. «Tenemos una empresa muy deficitaria, con una flota muy envejecida, con una plantilla muy quejumbrosa y con líneas muy surrealistas. Conviene que sea útil más que gratuita porque si no se paga y la gente no lo utiliza, vamos mal», reflexiona. Ricomà añade que ellos también apuestan por mantener el descuento aprobado del 25%, pero que sus planes pasan por que la empresa sea eficiente y viable, mejorar las líneas y la flota de vehículos.
La candidatura del PP, socio de gobierno de los socialistas, marca distancias y asegura que la gratuidad del bus municipal no es su prioridad. Los populares proponen un aumento de frecuencias y renovar la flota. Desde Junts per Tarragona consideran que la medida «no da respuesta a los problemas reales del transporte público» y que hay que mejorar el servicio, las paradas y los vehículos. La formación recuerda que en julio del 2015 presentaron una moción para bonificar el autobús urbano a las personas con discapacidad psíquica y, a pesar de haberse aprobado por unanimidad, desde el equipo de gobierno «nos dijeron que no era viable económicamente».
La CUP tampoco comparte la propuesta y hace notar que sólo un 10% de trayectos se hacen con el autobús mientras el 50% opta por el vehículo privado. Según los anticapitalistas, primero habría que implementar las mejoras que hacen falta, analizarlas y, si se consigue un modelo más eficiente y con más usuarios, plantear una reducción del precio. Sin embargo, la CUP se desmarca de una gratuidad general y apuesta por extenderla a los jóvenes de entre 12 y 18 años -o a todos los estudiantes-, y a las personas con rentas bajas. «Empezar por la rebaja sin evaluar el sistema puede significar invertir más dinero público en cosas que no funcionan o no funcionan bien», avisa la CUP.
La candidatura de En Comú Podem recela de «políticas subsidiarias que financien los servicios» y apuesta por aquellas que hagan «que las personas puedan tener más oportunidades económicas». Los comunes lamentan que el precio del billete sencillo del autobús en Tarragona, de un euro y medio, sea el más caro de entre las principales ciudades medias de Cataluña. «Es una medida que aparece después de una política reiterada de subida de precios y en la cual el gobierno municipal no parece haberse preocupado nunca por mejorar el precio del transporte público», critican.
La medida no atraerá a más usuarios sin limitar el uso del coche, según la PTP
La Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) advierte que, si no se regula el aparcamiento o la circulación de vehículos en el centro, sólo con la gratuidad del autobús no se conseguirá atraer a más usuarios de transporte público ni esponjar la movilidad. «Si sigue siendo fácil llegar en coche, la gente seguirá yendo en coche. Hace falta regular y delimitar el acceso al vehículo privado, ya sea con zona bajas emisiones o con una regulación de los aparcamientos, para que la gente utilice el transporte público», afirma el vicepresidente de la PTP, Manel Ferri.
El representante de la asociación considera que la de Ballesteros es una medida «populista», porque «gusta a la gente», pero propone que se ofrezcan «buenos servicios, garantizabas de frecuencias y de capacidad para que la gente no vaya apretada» antes de modificar el precio. En este sentido, Ferri no comparte una gratuidad del 100% para todo el mundo y cree que hay que priorizar a los colectivos de parados, personas mayores y jóvenes.
La PTP plantea la integración de modos de transporte y que la bicicleta, por ejemplo, sea compatible con el uso de los autobuses. Además, Ferri considera que la gratuidad generará más déficit de gestión. «El dinero que se dejará de ingresar haría falta invertirlo en mejorar rutas, conectividad y frecuencias. La gente valora sobre todo la fiabilidad y la capacidad del servicio, y esta tiene que ser la prioridad de cualquier municipio», cierra.